La Universidad de Granada vuelve a situarse en el ojo del huracán. Si hace unos días salía a la luz la sentencia del Tribunal Supremo al profesor Fernando Peñafiel por la que se le condenaba a siete años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, ahora la institución granadina debe enfrentarse a las quejas y reclamaciones de más de 300 investigadores de la UGR y de diferentes institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que han denunciado a través de las redes sociales e Internet que sus contratos han cambiado de forma repentina, pasando de ser contratados predoctorales por obra y servicio (código 401) a en prácticas (código 420).
Un cambio de codificación que a pesar de haber sido descubierto y manifestado por los investigadores granadinos, habría sido a nivel nacional, afectando a aproximadamente 10.000 investigadores, siendo el principal responsable del mismo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según el Sindicato de Comisiones Obreras (CCOO).
Al parecer, tanto la UGR como los centros del CSIC modificaron la codificación de los contratos en el momento de firma de las prórrogas de los mismos “sin informar del cambio a las trabajadores”, tal y como relataban los doctorandos afectados. Por su parte la Seguridad Social alteró los informes de Vida Laboral de forma retroactiva, es decir, las vidas laborales de los investigadores han sido modificadas para reflejar un contrato en prácticas, “cambiando así las condiciones del contrato de forma unilateral”, exponían los afectados. Un hecho que los doctorandos consideran que se ha realizado “de forma opaca e ilegal, sin informar del cambio ni de las consecuencias”, espetaban.
A raíz de un escrito difundido por los mismos, “esta nueva codificación incumple la Ley de la Ciencia que rige los contratos predoctorales y conlleva el aumento de la precariedad e inestabilidad de las y los contratados predoctorales”, explicaban. Además también recalcan que a raíz del mismo se manifiestan diversas contradicciones legales como “la imposibilidad de extender un contrato en prácticas por más de dos años, mientras que un contrato predoctoral estándar es de cuatro años”. También inciden en la inexistencia de indemnización por fin de contrato o la imposibilidad legal de contratar personal con experiencia previa en el mismo campo.
Por todo ello, el pasado jueves 2 de febrero se constituyó la Asamblea de Contratados Predoctorales de Granada, que incluye a investigadores de los centros mencionados anteriormente y que además de denunciar el cambio de codificación “con carácter retroactivo y sin previo aviso”, tal y como ellos mismos explicaban, reclaman también que “supone un retroceso de derechos y condiciones laborales de nuestro colectivo tras los avances conseguidos en materia laboral para equiparar el contrato predoctoral al del resto de personal, docente e investigador”, añadían. Así, han puesto en marcha una petición de firmas a través de la plataforma Change.org, ‘Restituyan los contratos predoctorales de acuerdo a la Ley de la Ciencia’, la cual cosecha actualmente más de 7.753 firmas.
¿Qué piden?
El pasado viernes mantuvieron una reunión en la Facultad de Ciencias de la UGR y en ella, además de decidir que contactarían con partidos políticos, expresaron cuáles sus principales objetivos, los cuales también aparecen reflejados en la petición de Change.org y que van destinados a que “se cumpla la Ley de Ciencia”, exponían.
Estos son; reversión de las irregularidades por parte de la Seguridad Social. u organismo competente al código 401 que figura en los contratos firmados por las trabajadoras/es.; la creación de un contrato predoctoral que cumpla con la Ley de la Ciencia y que evite situaciones precarias como la que actualmente sufre este colectivo, y finalmente el reconocimiento de la labor que se realiza durante el contrato predoctoral como un periodo laboral sin pérdida de derechos. Además, hacen un llamamiento a la unión del resto de afectados, “hacemos un llamamiento al resto de la comunidad investigadora y docente, sindicatos, colectivos sociales y ciudadanía para sumarse a nuestra demanda”, concluían.
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