18.8 C
Málaga
25 abril, 2024
OpiniónTribuna

¿Reformas en la universidad española? ¿Por qué, cómo y para qué?

Columna de opinión de Francisco Marcellán, Catedrático de Matemática Aplicada, UC3M, sobre las regulaciones legislativas en la universidad.

Señalaba el Ministro de Universidades Manuel Castells en una tribuna de opinión (El País 18 de enero de 2021) que “Hemos definido un modelo de Universidad hacia cuya realización van orientados nuestros esfuerzos. Empezando por la afirmación sin ambages de la Universidad pública como pilar de nuestro sistema en concordancia con el contexto europeo. Sin que ello represente menoscabo a las privadas de calidad cuya contribución es indispensable para amplios sectores del alumnado”. Visualizar y poner en práctica ese modelo requiere delimitar los problemas a los que se enfrenta la universidad española. Me voy a centrar en algunos de ellos y señalar cómo definen las líneas estratégicas previstas.

En primer lugar, hay que apostar por una mejora de los modelos docentes y de la metodología de los procesos de aprendizaje con el objetivo de la búsqueda de un conocimiento contrastable con la realidad, compartido horizontalmente y en el que el estudiante sea protagonista responsable del mismo. Frente a una visión mercantilista del estudiante como cliente (paga por aprender en un marco de intercambio desigual) debe promoverse su papel autónomo y responsable (en tanto en cuanto receptor de un servicio público) basado en un conocimiento previo de los objetivos a los que se dirige el proceso de formación y la disposición de instrumentos adecuados para alcanzarlos. La universidad, concebida como un espacio de socialización del conocimiento en base a personas que quieren aprender colectivamente y quienes quieren transmitirlo, debe resaltar el rol del profesorado, su labor innovadora y posibilitar una identidad institucional que en estos momentos se encuentra muy debilitada en nuestro sistema público.

Se debe reforzar el papel central de la investigación como motor de la generación de conocimiento, con el compromiso social de la divulgación y transferencia de los resultados, el impulso a la innovación cooperativa (frente al sentimiento estático-conservativo y de propiedad individual) de cara a potenciar un tejido productivo y social necesitado de ideas transformadoras. La generación de conocimiento es una seña de identidad de toda institución universitaria con una dinámica que debe potenciar el trabajo en equipo y el carácter interdisciplinar que evite compartimentos estancos.

Los procesos que se desarrollan en las instituciones universitarias deben ser objeto de una evaluación responsable como elemento fundamental para la rendición de cuentas a la sociedad. Este tema es de particular relieve en el caso de las universidades públicas, en las que las garantías de la calidad docente e investigadora de las actividades programadas deben basarse en mecanismos dinámicos que se centren en el cumplimiento de los objetivos diseñados colectivamente mediante metodologías que rehúyan la satisfacción burocrática. Pero también en las universidades privadas como garantía de las decisiones de los poderes públicos ante la sociedad

Se debe profundizar en la internacionalización de nuestro ecosistema universitario tanto de cara a la atracción de estudiantes como de talento docente e investigador mediante mecanismos flexibles y ágiles en el tiempo y condiciones dignas de trabajo. Movilidad como eje conductor frente a conservacionismo endogámico en todos los ámbitos de actuación.

Todo ello requiere, en el caso de las universidades públicas, de una financiación que permita abordar los retos programados y que se someta a un contraste permanente en el cumplimiento de objetivos, con una estabilidad temporal que permita planificar y programar colectivamente las tareas definidas de antemano.

Pero con carácter previo, la sociedad ha de tener claro que la universidad es “una institución que oferta títulos oficiales de grado, máster y doctorado y que desarrolla actividades docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento e innovación en varios ámbitos del conocimiento” y que el compromiso de los poderes públicos es establecer los requisitos en los ámbitos de la actividad docente, investigadora/transferencia de conocimiento y personal docente e investigador necesarios para la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.

El proyecto de Real Decreto (RD) que se encuentra en fase de tramitación por parte del Ministerio de Universidades, constituye una primera y necesaria aportación de cara a establecer una adecuación del marco normativo que aborde de configuración del sistema universitario que ha conocido en nuestro país una dinámica expansiva a lo largo de los últimos años, sobre todo en el sector privado y de la iglesia católica que ha pasado de 4 universidades en 1983 a 37 universidades mientras que el sector público se ha estabilizado desde 1997 con 50 universidades.

Como elementos distintivos destacaría a necesidad de una planificación a cinco años de la oferta de titulaciones con un mínimo de 10 títulos oficiales de grado, 6 títulos oficiales de máster y 3 programas oficiales de doctorado, el porcentaje de estudiantes de grado (al menos el 50% del total) y la conformación de un sistema interno de garantía de calidad que deberá ser certificado por las agencias competentes en el ámbito territorial en el que se ubica la universidad. Junto a ello hay que resaltar el compromiso de invertir un 5% del presupuesto en un programa o programas propios de investigación para garantizar el cumplimiento básico de dicha misión junto a la inclusión de los grupos de investigación que se constituirán con carácter inicial, los equipamientos requeridos y los mecanismos para incentivación de las tareas investigadoras entre sus profesores.

En cuanto al personal docente e investigador se señala un porcentaje máximo de personal con contrato laboral temporal (40%) y un mínimo de un 50% de doctores en la impartición de docencia en grado y máster (50%). Estos requisitos deben avalar la coherencia y solidez de la institución universitaria así como la adecuación del profesorado a las tareas asignadas. También la cualificación investigadora es un requisito básico que se debe haber cumplimentado al finalizar el quinto año desde la obtención de la autorización del inicio de actividades. Indicadores de producción investigadora y participación en proyectos competitivos de ámbito autonómico, nacional o internacional así como la colaboración con empresas, entidades o instituciones en coherencia con los ejes de investigación programados constituyen la hoja de ruta. Finalmente, la disponibilidad de instalaciones y equipamientos son la garantía del desarrollo de las actividades previstas a la vez que facilitan unas condiciones adecuadas para un trabajo docente e investigador de su profesorado.

Otro elemento clave es acreditación institucional de los centros de las universidades públicas y privadas instrumentalizada mediante el sistema interno de garantía de la calidad y que comportará la renovación de la acreditación del conjunto de títulos oficiales impartidos en el centro. La acreditación de titulaciones (con un largo recorrido desde 2007 tras la aprobación en la LOMLOU de los mecanismos de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior) se complementa con la de centros. No obstante, los procesos de evaluación, los recursos necesarios y las consecuencias constituyen un elemento de reflexión y de coste de oportunidad ante la sociedad que debe tener consciencia de las fortalezas y debilidades de las instituciones de educación superior más allá de los ránkings clasificatorios como elementos identificadores.

Por otra parte, se prevé un plazo máximo de cinco años para la adecuación a la normativa reguladora por parte de las universidades y sus centros universitarios que se creen o reconozcan una vez entre en vigor el RD. En cuanto a las universidades existentes en la actualidad, dispondrán de hasta cinco años para su adaptación a las exigencias establecidas. En el caso de algunas universidades privadas, este aspecto es realmente crítico dados los perfiles de la oferta académica en los diferentes ámbitos (especialización, oferta de grados, másteres y doctorados, cualificación y dedicación de sus de sus docentes, compromisos en investigación y equipamientos, entre otros).

En líneas generales, la definición de un marco regulador de universidades y centros persigue establecer unas reglas transparentes de funcionamiento de nuestro sistema de educación superior sustentado en un principio de fortalecimiento institucional y “auctoritas” ante la sociedad. Resaltaría la apuesta por una docencia de calidad, impartida por un profesorado motivado que participa de manera activa en los objetivos institucionales, que disfruta de unas dignas condiciones de trabajo. Pero también con estudiantes que asumen sus compromisos de formación basados en un conocimiento de los requisitos de aprendizaje, su evaluación y su proyección en la conformación de una ciudadanía comprometida no sólo en la visión estrictamente profesional. Y un tercer elemento, como es la rendición de cuentas de los resultados en el marco de las misiones definidas por la institución universitaria (reforzamiento de su responsabilidad en el marco del principio constitucional de la autonomía universitaria).

En relación con el “trato” sugerido por Manuel Castells en el artículo antes mencionado:” Vayan contando leyes, normas, inversiones programas, proyectos, así como su efecto en nuestras universidades. Empiecen ya porque van con retraso. Y de aquí a un tiempo hablamos. La reforma de la Universidad está en marcha” añadiría que debemos avanzar en la consolidación de un instrumento necesario para la transformación de nuestro país como es el ecosistema de educación superior. Estimulando un debate crítico y constructivo, la complicidad y asunción de responsabilidades por parte de todos los componentes de la comunidad universitaria pero también de una sociedad que no debe dejar pasar la oportunidad de renovar un sistema universitario que es de todos y todas. Debemos hacer que ese proyecto sea posible.

Por Francisco Marcellán
Catedrático de Matemática Aplicada, Universidad Carlos III de Madrid


Compartir

Otras noticias de interés

No vale cualquier elección cuando juegas con tu tiempo y dinero

Aula Magna

Universidades en acción: forjando caminos hacia la equidad de género

Alexis Ojeda

La (re)evolución educativa

Alexis Ojeda

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies