Tras las críticas recibidas por parte de los diferentes organismos por la falta de diálogo en la ejecución del Real Decreto 28/2018, el cual regula las prácticas universitarias, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha impulsado una reunión para debatir sobre esta legislación.
En concreto el Ministerio se ha reunido con representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE Universidades Españolas), con el objetivo de establecer líneas comunes entre el Gobierno y las universidades. Desde el propio Ministerio se ha hecho hincapié en cómo la disposición legislativa otorgaba un plazo de tres meses para su desarrollo, periodo en el cual se trabajaría en los detalles de su aplicación.
Los gastos de las prácticas
Tal y como señala el Real Decreto 28/2018, todos los estudiantes que realizaran practicas formativas, ya sean curriculares o extracurriculares, debían estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social como «trabajador en formación«.
En un principio desde las universidades este hecho podía ser aceptado debido a los beneficios que implica para los propios estudiantes, pero al no dejar claro quién se encargaría de los gastos de estas altas se dio la voz de alarma por el perjuicio económico que podría llegar a suponer a las arcas universitarias.
Es así como desde las propias universidades se recalcó como ya existen dotaciones de más de 100 millones de euros para ayudas a estudiantes, un gasto al que debieran sumar un calculo de otros 70 millones de euros para hacer frente a la nueva normativa. Este hecho podría traducirse en una merma considerable de la oferta de prácticas, las cuales se han demostrado más que necesarias para la formación de los estudiantes.
Por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se ha expuesto la intención del Gobierno de «construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo único de favorecer la actividad académica de universidades y estudiantes; es decir, que las primeras no soporten gastos añadidos (las universidades) y los segundos ganen en derechos de protección social (los estudiantes)». Para ello se está trabajando en un «clima de confianza mutua», donde los organismos implicados han llegado al acuerdo para que cualquier disposición normativa que pudiera producirse no será de aplicación hasta el próximo curso universitario 2019-20.
Una reunión solo con los rectores
En un comunicado oficial, CRUE Universidades Españolas ha agradecido al Gobierno el espíritu de diálogo, aprobando los acuerdos alcanzados, recalcando que la nueva legislación no se aplicará hasta el curso 2019/2020.
Cabe destacar como en esta primera reunión solo han estado presentes miembros de la CRUE Universidades Españolas y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, no estando presentes el resto de organismo que también solicitaron hacer valer su opinión ante la nueva legislación. Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) así como desde al Conferencia de Consejos Sociales de Universidades, solicitaron al Gobierno que estar presentes en los diálogos que se mantuvieran, debido a su representación e importancia en la comunidad universitaria. Por parte del Gobierno se ha señalado que el diálogo sigue abierto con los rectores y los otros sectores de la comunidad universitaria, y en una próxima reunión, que tendrá lugar en el espacio de 15 días, se estudiará el informe realizado por la CRUE Universidades Españolas sobre prácticas académicas en las distintas titulaciones.
Por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han asistido a la reunión la secretaria de Estado de Universidades e I+D+I, Ángeles Heras, el subsecretario del Departamento, Pablo Martín y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. En representación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han asistido el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez. Representando a CRUE han participado en la reunión su presidente y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, el responsable de Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Castilla-la Mancha, Miguel Ángel Collado, el responsable de Asuntos Académicos y rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, y la presidenta del grupo de trabajo de Empleo de CRUE y vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, Nuria Grané.