En momentos como el que estamos viviendo, resulta más necesario que nunca hablar de la primera condición de posibilidad para que una institución funcione correctamente: la financiación. Sin una financiación suficiente, administraciones públicas como las universidades no podemos pagar las nóminas, ni abonar las facturas a los proveedores, ni arreglar nuestras infraestructuras y, en definitiva, no podremos prestar el importante servicio público que nos encomienda la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Comencemos con algunas obviedades, para despejar el debate de ruido o propaganda innecesarios, porque este debate, en esencia, es mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer creer.
Que Andalucía es una Comunidad Autónoma infrafinanciada históricamente por el Estado es un hecho innegable. Que estamos en un ciclo económico expansivo, con cifras de crecimiento récord, también lo es, y por ello nos resulta muy difícil comprender que en este contexto la situación financiera de las universidades vaya cada vez a peor.
Es igualmente cierto que el modelo de financiación del sistema universitario público andaluz, publicado en el BOJA nº 183 de 22/09/2023, no se está cumpliendo en todos sus términos. De hecho, uno de sus elementos centrales, la llamada “cláusula de salvaguarda”, no se ha cumplido nunca.
Efectivamente, el modelo determina que “cada una de las universidades públicas del sistema universitario de Andalucía tendrá garantizada una financiación que se corresponderá con el 100% de la financiación recibida en el año previo”, a lo que hay que añadir “el importe correspondiente a la subida de las retribuciones del personal del sector público […], así como con otros posibles aumentos de los costes de retribuciones”. Pues bien, esta cláusula, esencial para cumplir al menos con lo más básico de la financiación basal, no se satisface íntegramente por parte de la Junta de Andalucía.
¿Cuál es la consecuencia de esta decisión autonómica? Pues que las universidades públicas llevamos años viendo cómo las transferencias que recibimos, aun incrementándose, suman importes muy por debajo del aumento real de nuestros costes, algo especialmente agravado por el shock inflacionario postpandemia.
Esto, de cronificarse, tal y como se está haciendo deliberadamente, nos abocará, sin remedio, hacia el déficit presupuestario. Y, con ello, a otro nuevo ciclo de recortes y planes de ajuste. Decisiones políticas, que parecen totalmente injustificadas en un contexto económico de bonanza, que acabarán pagando no solo la comunidad universitaria, sino toda la sociedad andaluza.
Llamemos a las cosas por su nombre, la Junta de Andalucía está aplicando claros recortes económicos a las universidades, en tanto en cuanto no está cumpliendo ni todas sus obligaciones, ni los compromisos firmados con los agentes sociales de forma íntegra. Y, ante eso, nuestras instituciones tomarán todas las medidas que estén en nuestra mano. Porque el BOJA, obliga. Porque lo firmado, obliga. Y porque la palabra dada debería seguir teniendo valor.
Paco Oliva
Portavoz de las universidades públicas de Andalucía