La comunidad universitaria protesta contra la «asfixia» presupuestaria y la nueva ley autonómica, mientras el Gobierno regional defiende su inversión y califica el paro de «injustificado»
Las seis universidades públicas de Madrid viven este miércoles y jueves una huelga sin precedentes. Estudiantes, docentes y personal de administración han sido convocados a un paro general para protestar contra lo que consideran un «estrangulamiento presupuestario» por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La movilización, respaldada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y CNT, exige una financiación adecuada y la retirada del anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC), que, según los convocantes, amenaza la autonomía universitaria.
La huelga de las seis universidades públicas de la C. de Madrid para exigir más financiación al Gobierno de Ayuso arranca con la concentración en la Consejería de Educación, donde estudiantes y trabajadores solicitan ser parte en la negociación de Ley de Universidades CM (LESUC) pic.twitter.com/Kg2bmEUT4z
— CCOOUUMM (@CCOOUUMM) November 26, 2025
En un hecho inédito, los Consejos de Estudiantes han convocado el primer paro académico de la historia en varias de estas instituciones. Esta medida, contemplada en la ley estatal, protege el derecho a la protesta del alumnado, permitiéndoles interrumpir su actividad formativa sin penalización.
¿Qué es el paro académico? Es una herramienta legal, recogida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que garantiza el derecho a la protesta estudiantil. Su activación suspende la obligación de asistir a clase, realizar prácticas o participar en evaluaciones durante los días de la convocatoria, sin que ello suponga una falta o perjuicio académico.
Desde la Comunidad de Madrid, la respuesta ha sido contundente. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha calificado las movilizaciones de «injustificadas». Sostiene que «nadie está más comprometido con la mejora» de la universidad pública que el ejecutivo autonómico.
Viciana ha defendido los presupuestos para 2026, que prevén una partida de casi 1.240 millones de euros para las seis universidades, un 6,5% más que en 2025. Según el consejero, esta cifra representa más del 4% del presupuesto total de la región, un porcentaje superior al de cualquier otra comunidad autónoma.
Además, el consejero ha desviado la responsabilidad hacia el Gobierno central. Viciana asegura que el verdadero problema que merecería una protesta es «el cupo independentista», un supuesto acuerdo a nivel nacional que, según sus cálculos, provocará que las universidades madrileñas «dejen de ingresar 170 millones de euros cada año».
Sin embargo, los convocantes de la huelga ofrecen una visión radicalmente opuesta. La Coordinadora de Plataformas en defensa de la universidad pública denuncia que la inversión actual no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Esta cifra está muy por debajo del 1% que la ley orgánica estatal (LOSU) fija como objetivo mínimo.
Para cumplir con la ley, argumentan, la Comunidad de Madrid debería prácticamente duplicar la dotación económica destinada a la investigación, la docencia y la gestión de sus universidades públicas, que sufren una «infrafinanciación estructural» desde hace años.
El otro gran punto de fricción es la futura ley universitaria madrileña, la LESUC. Los sindicatos y estudiantes la rechazan por considerar que «no soluciona la infrafinanciación» y, además, «pretende avanzar en la privatización» e imponer un mayor control del Gobierno autonómico sobre las instituciones.
La implementación del paro académico varía según la universidad. La Complutense (UCM) ya lo tiene plenamente regulado en su normativa interna. La Autónoma (UAM) y la Rey Juan Carlos (URJC) también lo han convocado, mientras que los estudiantes de Alcalá (UAH) y la Carlos III (UC3M) apoyan la huelga, aunque sus centros aún no han desarrollado la normativa. La Politécnica (UPM) secunda las movilizaciones, pero espera a la aprobación interna para poder convocar el paro académico.
Los representantes estudiantiles subrayan que sin esta figura, «la movilización y protesta del estudiantado carecen de protección efectiva». La jornada se presenta como un pulso clave entre la comunidad universitaria y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el futuro del modelo de educación superior pública en Madrid.