Imputaciones y ‘honoris causa’ que manchan a la Universidad


El nombramiento como doctor honoris causa es el más alto reconocimiento y distinción académica que puede otorgar una universidad. Según la Real Academia Española de la Lengua lo define como “por razón o causa de honor”. En su versión Panhispánico de Dudas hace alguna aclaración más sugerente: “se aplica a la distinción o título, generalmente un doctorado, que se concede como reconocimiento a los méritos de la persona, sin que esta tenga que efectuar prueba alguna para conseguirlo”.

Cada universidad tiene una forma de gestionar el proceso, pero por regla general, ante un ofrecimiento de algún colectivo o a proposición de algún miembro de la comunidad universitaria esté presente o no en el Consejo de Gobierno, Claustro o Consejo Social, el primer ente será el encargado de aprobar el nombramiento de la personalidad que será honoris causa.

El prestigio, en la mayoría de los casos, será compartido entre el doctor o doctora nombrado honoris causa y la universidad en cuestión. Así, a lo largo de los años tanto las universidades públicas como privadas han ido concediendo este título no solamente a académicos, en su mayoría, sino también a otras personalidades públicas como pudo ser en su caso el de Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia, nombrado doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, entre otros.

Cabe preguntarse en este momento, hasta qué punto una universidad, y en este caso pública, debe mantener la concesión del honoris causa a una persona que está imputada y siendo juzgada en estos momentos por seis delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La Universidad de Alicante comenzó el proceso para otorgarle el mismo título honorífico, pero actuó a tiempo ya que aprovechando que no se llegó a otorgar mediante acto, han paralizado el proceso.

Lo cierto es que no hay sentencia firme sobre la mesa, pero el hecho de que una personalidad esté imputada por varios delitos y siga siendo actualmente considerado honoris causa provoca, cuanto menos, escalofríos. Aquí nos encontramos en la misma situación que cuando se pide a un concejal o diputado imputado que dimita, antes de una sentencia firme. Pero en esta ocasión, un reconocimiento tal en esta situación resulta chocante y, además, injusta para el resto de las personalidades que obtuvieron el mismo nombramiento.

No es el único caso. También encontramos los de Mario Conde, honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid y que fue posteriormente condenado; Jordi Pujol, que además agrupa muchos más reconocimientos (algunos de ellos retirados); Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE hasta 2010, también fue nombrado honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche, título que fue retirado tras su condena.

Este grupo de personas mantiene el mismo grado de honor que Albert Einstein, Nelson Mandela, Severo Ochoa o Vargas Llosa, entre otros nombramientos igualmente destacados.

Que la comunidad universitaria española tenga que verse “representada” con semejantes títulos honoríficos no le beneficia nada y la solución sería, por un lado, retirar el nombramiento de honoris causa y, en segundo lugar, no desvirtuar el procedimiento y verdadero valor de nombrar a una persona como doctor honoris causa como se denuncia desde distintos colectivos. Mientras, el desprestigio es inevitable.


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