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19 abril, 2024
Andalucía

Incrementan los estudiantes que no pueden seguir sus estudios

Los defensores universitarios de las universidades andaluzas se han reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y juntos han mostrado su preocupación por los estudiantes que no pueden acceder a la universidad o continuar su carrera por no tener recursos económicos.


Tras una reunión entre los defensores de la mayoría de las universidades andaluzas y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, han emitido un comunicado conjunto para mostrar su “preocupación por el incremento de de casos de personas que se ven imposibilitadas de iniciar o continuar sus estudios universitarios como consecuencia de las dificultades económicas para atender el pago de los precios públicos correspondientes”.

Los defensores provienen de las universidades de Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide, Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada y Huelva. El objetivo de esta reunión ha sido el de coordinar sus trabajos y analizar los impactos de la crisis económica y la restricción de presupuestos en el entorno universitario.

Principalmente, por las numerosas quejas y reclamaciones que han recibido dichas Defensorías, se desprende el aumento considerable de los estudiantes que se ven imposibilitados de continuar sus estudios o entrar en la Universidad por estos problemas económicos, fruto de la situación actual de crisis económica. Asimismo, se conoce que ha descendido el número de asignaturas matriculadas por los alumnos, en detrimento de lo que realmente querrían.

Por otra parte, aseguran en el comunicado que les preocupa enormemente que el incremento de los requisitos académicos haga que muchos estudiantes se queden sin beca y, por tanto, sin estudiar o “requerirles la devolución de las ya concedidas sin atender a circunstancias personales sobrevenidas”, según consta en dicha información.

Reconocen, también, que los precios públicos de las universidades andaluzas se hayan mantenido y sean los más bajos que la legislación española actual permite. Además, instan a los organismos públicos competentes “para encontrar y adoptar medidas que salvaguarden de forma plena y efectiva el derecho de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad y equidad a los estudios superiores”.

 


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