El 20% de los varones pagaron por servicios de prostitución durante el año pasado en España


Un equipo multidisciplinar de investigadores de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Humanas y Sociales, e Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, reveló el pasado viernes que aproximadamente el 20% de los varones pagaron por servicios de prostitución durante el año pasado en España.

Además, nueve de cada diez reconocen haber oído hablar de la trata con fines de explotación sexual, y cerca del 10% de los clientes de prostitución entrevistados detectaron trata de menores, al igual que los investigadores de Comillas ICAI-ICADE durante el trabajo de campo, entre los que se encuentran Carmen Meneses, Jorge Uroz, Antonio Rúa, Cristina Gortázar y María José Castaño.

Para realizar la investigación, se enviaron 52 cuestionarios a ONGs que trabajan con estas mujeres y se realizaron 48 entrevistas abiertas a informantes claves como profesionales de las ONGs, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Fiscales de extranjería y trata de diez provincias españolas. Además, 1.600 hombres españoles fueron encuestados para conocer el conocimiento del que disponen sobre la trata y sus opiniones al respecto, y se entrevistaron a 17 clientes de prostitución.

El informe “Apoyando a las víctimas de trata con fines de explotación sexual”, realizado para la Delegación del Gobierno para Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sondeó a ONGs, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a fiscales que trabajan sobre el terreno. Estos coinciden en que tienen muchas dificultades a la hora de trabajar con estas personas, ya que las mujeres que son víctimas de trata no se identifican ni se reconocen como tal porque proceden de países donde este delito no está considerado como en España.

Por su parte, los tratantes les han dado información falsa y desconocen su situación y derechos, y las redes las tienen aterrorizadas con amenazas a ellas mismas, a sus hijos o a su familia. Meneses afirma que “se necesitan recursos, mejor coordinación institucional y sensibilización”. La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género en funciones, Blanca Hernández Oliver, que también asistió a la presentación, comentó que “es necesario contemplar la trata como una forma más de violencia de género” y declaró que “para combatirla, es importante la dotación de recursos, los estudios académicos y, sobre todo, el compromiso individual”.

Los investigadores subrayaron que las intervenciones de detección, identificación, rescate y recuperación de las víctimas, que proceden en su mayoría de Rumanía, Nigeria, Brasil y Paraguay, deben centrarse en la protección de estas personas y no en el delito, aunque este debe ser perseguido. Además, la investigación refleja que “los escasos medios de que disponen en ocasiones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir el delito hacen que se centren en la declaración o denuncia de la víctima y éstas se juegan, en muchas ocasiones, su vida o la de sus familiares en sus países de origen al denunciar”.

Los investigadores piden una normativa jurídica adecuada para proteger a las víctimas, prevenir el delito, castigarlo, disuadirlo y erradicarlo. Por esta razón, sugieren la adopción de una Ley Integral para luchar contra la trata de seres humanos que abarque de manera holística y triangular la prevención del delito, la protección de la víctima y la persecución de los responsables.


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