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23 junio, 2024
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Insisten en que la LOSU generará universidades públicas “de primera y de segunda”

Insisten en que la LOSU generará universidades públicas “de primera y de segunda”

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha calificado de “muy mala noticia” la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), al tiempo que ha criticado que “generará universidades de primera y de segunda”. Así lo expuso hace unos días en el Pleno del Parlamento andaluz. Intervención en la que Gómez Villamandos subrayaba que el nuevo marco legal es “ineficaz, lo complica todo y no soluciona nada”, añadiendo además que “provocará más incertidumbre en el sistema universitario y aumentará su precariedad, lo que redundará negativamente en la formación”.

Estas declaraciones reiteran la postura que desde el Gobierno autonómico han venido manteniendo en los últimos meses desde la tramitación de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Y es que, precisamente, desde la Consejería de Universidad han reiterado que la LOSU generará más gastos, pese a contar con menor financiación por parte del Gobierno central. Solo las modificaciones aprobadas relativas a la figura de ayudante doctor supondrán para las universidades de Andalucía un coste de 20 millones de euros adicionales “de forma innecesaria”.

Es por ello que en una carta remitida al ministro de Universidades, Joan Subirats, Gómez Villamandos ya alertaba de ello, a la vez que le exigía financiación para afrontar el sobreesfuerzo que implica para las comunidades cumplir con los requerimientos contenidos en la norma. Según ha advertido, se creará un escenario en el que una comunidad invierta mucho mientras que otra invierta menos, generando así universidades a dos velocidades.

Una Ley Orgánica del Sistema Universitario sin consenso

Desde el Gobierno andaluz también han denunciado la “falta de consenso y de diálogo” que ha caracterizado al diseño y tramitación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), asegurando que “se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas y el resultado es una ley que no satisface a nadie: ni a rectores, ni a buena parte de las comunidades autónomas, ni a gran parte de la comunidad universitaria”. :

En este sentido, el consejero de Universidad ha apuntado en numerosas ocasiones que se ha perdido la oportunidad para llevar a cabo una reforma capaz de atender las demandas reales de la comunidad universitaria y aspectos como la gobernanza, la transparencia o la rendición de cuentas. Así, insisten en que para Andalucía el nuevo marco legal no facilita a las universidades ser más europeas y se olvida de la internacionalización de estas instituciones académicas y del alumnado. De este modo, únicamente se regula su representación “dejando atrás cuestiones clave” como movilidad, sistema de becas, deportes o cultura.

Asimismo, desde la Consejería se ha defendido que la LOSU “se queda corta” para el potente sistema universitario andaluz y “perjudica” su proyección futura. Al respecto, Villamandos ha subrayado que Andalucía y sus universidades necesitan una ley que afronte sus retos actuales y de futuro, “no una ley que las siga viendo como instituciones del siglo pasado”.

Una Ley andaluza para paliar los efectos de la LOSU

Con el objetivo de “paliar, en lo posible, los efectos de la LOSU”, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha emitido un comunicado en el que señalan que Andalucía será la primera Comunidad Autónoma de España en iniciar los trámites para la aprobación de una ley autonómica, la futura Ley de Universidades Andaluza (LAU), que se adapte a la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

En este sentido, subrayan, la Consejería mantiene “serias dudas” acerca de la constitucionalidad de algunas cuestiones contempladas en la LOSU, por lo que encargará un análisis de la misma a los servicios jurídicos de la Junta. Acción con la que, a su vez, barajan la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la LOSU por vulnerar derechos fundamentales y sus competencias.


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