Aproximadamente más de 10.000 investigadores se están viendo afectados por un cambio en la codificación de sus contratos predoctorales, que habrían pasado de ser ‘por obra y servicio’ (401) a contratos de ‘prácticas’ (420), tal y como ellos mismos denuncian en una petición de firmas a través de Change.org, la cual ya cosecha más de 7.000 rúbricas.
De estos 10.000, aproximadamente 300 formarían parte de la Universidad de Granada (UGR), según el censo de Comisiones Obreras (CCOO), junto a otros 50 que serían contratados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Todos ellos conforman la Asamblea de Contratados Predoctorales de Granada, quienes denuncian que tanto la UGR como los centros del CSIC modificaron la codificación de los contratos en el momento de firma de las prórrogas de los mismos “sin informar del cambio a las trabajadores”, tal y como relataban los doctorandos afectados.
Este medio decidió contactar con la institución granadina para conocer su postura ante tales protestas. La UGR considera que “no hay cambio alguno a efectos reales. Se trata de un cambio nominal”. A partir del desglose del informe también pudimos extraer que el cambio de contrato fue impuesto a la institución granadina por órdenes del Ministerio, así como también que esta modificación no supone ninguna pérdida de derechos ni tampoco un cambio importante en las cotizaciones de los contratos, tal y como exponía el informe que nos hizo llegar el gabinete de comunicación de la UGR.
Ante estas declaraciones, Aula Magna ha recibido respuesta por parte de los investigadores afectados, los cuales si bien agradecen el apoyo que ofrece la institución, consideran que “su respuesta es insuficiente”, explicaban.
Con respecto al hecho de que la orden del cambio haya llegado desde el ministerio, los contratados son claros, “Aceptamos que la orden del cambio haya llegado desde el ministerio, pero la Universidad ha aceptado realizar las nuevas altas como contratos en prácticas, y cambiar nuestra modalidad de contrato en las prórrogas sin notificar a los afectados”, argumentaban.
Uno de los argumentos de la institución granadina hacía alusión a que dicho cambio era meramente nominativo, detalle con el que no están tampoco de acuerdo los investigadores, “No entendemos tampoco que se afirme desde la UGR que el cambio es meramente administrativo y carece de implicaciones. Todos los abogados laboralistas con los que hemos contactado nos han afirmado que las hay. Para empezar, la incompatibilidad de la duración de un contrato en prácticas (máximo de dos años) con los cuatro años que suele durar un doctorado, y los problemas para concatenar otro contrato en prácticas tras el doctorado. Más aún, los contratos en los que se ha cambiado el código de forma retroactiva y sin notificar estarían en fraude de ley”, expresaban.
Por otro lado, la UGR también afirmaba que este cambio no debía “levantar la alarma que se ha creado en el colectivo de contratados predoctorales al no afectar a sus derechos”, ante lo que los contratados se muestran tajantes, “No entendemos ni que se nieguen los efectos del cambio, ni que se nos acuse de crear alarma social, cuando hemos dado opciones a la Universidad de informarnos antes de ir a los medios”, explicaban.
Los investigadores aseguran que “se intentó contactar con los responsables semanas antes de organizar la asamblea, pero sólo hemos conseguido respuesta una vez la noticia ha trascendido a los medios”, explicando también que “aún no nos ha llegado respuesta oficial por parte del CSIC, el otro principal empleador de doctorandos en España”, añadían.
La CRUE no tiene potestad para forzar el cambio
Con respecto a la respuesta del Ministerio, que aseguraban que el cambio fue pedido por la CRUE, también han declarado, “entendemos que aún cuando la petición viniese de la CRUE, ésta no tiene ninguna potestad para forzar el cambio. La decisión ha tenido que nacer por tanto del Ministerio, y de ningún modo pueden desde las Universidades forzar un cambio retroactivo en la vida laboral, que es competencia de la Seguridad Social”, expresaban.
Por todo ello consideran que “tanto la Universidad como el CSIC y el Ministerio intentan esquivar su responsabilidad, no explican por qué se realiza este cambio y niegan que tenga cualquier efecto, cuando la información que tenemos indica que es irregular y da lugar a incompatibilidades y pérdida de derechos”, por lo que piden a ambas instituciones, “explicaciones sobre los motivos que han conducido al cambio; cumplimiento de la Ley de la Ciencia con la creación de un contrato específico para investigadores predoctorales; restitución inmediata de la vida laboral y los contratos alterados en fraude de ley; soluciones específicas al problema de la tarjeta sanitaria europea, y poner freno a la continua precarización de nuestro colectivo”, exponían.
Por último piden a la universidad su apoyo, “entendemos que es el Ministerio quien tiene potestad para realizar estos cambios, pero reclamamos también la ayuda que la Universidad ofrece en su comunicado”, concluían.
La CRUE responde
Por su parte, la CRUE ha emitido esta misma mañana un comunicado en el que ponen de manifiesto su “especial interés en la defensa de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria”, recalcando que los contratados predoctorales son “pieza indiscutible en el desarrollo de la actividad de investigación y transferencia de nuestro país”.
Así pues, exponen también que la polémica suscitada a raíz del cambio en los contratos “ha motivado una intensa comunicación con los Ministerios convocantes” para transmitir su preocupación “por una posible pérdida de prestaciones”, reiterando su “disposición a la búsqueda inmediata de soluciones”.
CRUE asegura que tras consultar con servicios jurídicos, de personal y de investigación de diferentes universidades, han podido contrastar que “el cambio de código, acompañado de un sub-código que le da carácter especial, se ha efectuado en las prórrogas y nuevas altas por parte de las universidades según las directrices de la Seguridad Social”, mientras que “La modificación de los códigos de cotización en las vidas laborales con efectos retroactivos ha sido realizada por la Seguridad Social”, exponían.
No obstante, pese a ello indican que “no supone pérdida de derechos o prestaciones a los contratados en la prestación de desempleo, duración máxima del contrato y posibilidad de disfrutar de un contrato en prácticas con posterioridad, dado el carácter especial de estos contratos predoctorales a partir de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, indicando también que “La única cuestión que queda por resolver, a día de hoy, es la de la tarjeta de asistencia sanitaria europea, imprescindible para la movilidad internacional de nuestro personal investigador en formación”, la cual “puede sufrir cambios en el procedimiento de solicitud, pero no en la prestación en sí misma”.
Una nueva figura de personal investigador
La asociación también ha expuesto su versión acerca de la información publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que asegura que fue la misma la que solicitó el cambio en los contratos, “queremos informar que en mayo de 2014, esta asociación realizó una consulta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el fin de plantear una solución a las disfunciones que se estaban produciendo en los contratos predoctorales al adaptarlos a lo establecido en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Previamente, varias universidades habían planteado similares consultas, obteniendo respuestas contradictorias”, afirmaban
Así establecen como solución clave “la necesidad de establecer una regulación laboral específica y desarrollos normativos acordes para las diferentes figuras de personal investigador temporal, ya que cualquier encaje en el actual ordenamiento laboral y clasificación produce disfunciones importantes. La solución quizás pasaría por la creación de una nueva figura para dar cumplimiento a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y recoger la especificidad de este tipo de contratos”, comprometiéndose para ello a “trabajar inmediatamente ante las diversas administraciones implicadas, para crear las mejores condiciones laborales para nuestros investigadores predoctorales y potenciar la carrera investigadora dentro de las universidades”, concluían.