El nuevo Gobierno comienza a recoger las primeras reacciones. Tras al nombramiento de Manuel Castells como ministro de Universidad, la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) ha emitido un comunicado solicitando “que la universidad debe constituir una prioridad para el nuevo Gobierno”.
Tal y como señalan desde la CCS, la creación de un Ministerio de Universidad “debe permitir concentrar esfuerzos para trabajar en los urgentes cambios que necesita la educación superior para no seguir alejándose cada vez más de los estándares internacionales”. De esta forma, los agentes sociales ofrecen su apoyo al nuevo Gobierno sin olvidar las peticiones que vienen haciendo en los últimos meses.
Ejemplo de las solicitudes que han presentado el CCS, en conjunto con otras instituciones universitarias, son las reformas en materia de capital humano y crecimiento económico. De esta manera, desde los organismos asociados a las universidades se demanda una mayor apuesta por la formación científica y tecnológica, siendo esta la “mejor baza para seguir avanzando en crecimiento económico y bienestar social en el mundo digital global y competitivo de nuestro tiempo”.
Demanda de una reforma estructural
Dentro de las demandas presentadas por la Conferencia de Consejos Sociales destaca la petición de que favorezcan el impulso de la reforma estructural del modelo de gobernanza universitaria, incrementar la financiación pública y privada de las universidades, facilitar la cooperación público-privada y la tercera misión universitaria -la transferencia de los resultados del conocimiento y de la investigación a la sociedad-, mejorar la internacionalización de la institución y favorecer la empleabilidad de los estudiantes.
De este modo, la Asamblea de Consejos Sociales pide a los organismos políticos que “antepongan el interés general a toda confrontación partidaria, pongan a la universidad en el primer plano de las prioridades políticas e impulsen de una vez por todas ese gran pacto de Estado por la educación superior que tanto necesita España para afrontar con ciertas garantías de éxito su inmediato futuro”.
Todas estas demandas vienen exigiéndose desde el pasado mes de septiembre de 2018, cuando junto a la CRUE, la Cámara de Comercio de España, y diversas organizaciones empresariales y sindicales, así como los representantes de estudiantes, la CCS solicitó abrir un proceso conducente a la elaboración y aprobación de una nueva ley de universidades que cuente con amplio consenso parlamentario y participación activa de todos los agentes implicados