María del Carmen Carrión Pérez, Defensora Universitaria de la Universidad de Granada, presentó este martes 16 de diciembre ante el Claustro Universitario el Informe Anual de Gestión 2025. El documento detalla las 116 quejas recibidas durante el año, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en 2024, y ofrece un balance completo de la actividad de esta institución encargada de velar por los derechos de toda la comunidad universitaria.
La Defensoría Universitaria actúa como mediadora en conflictos y garantiza que se respeten los derechos de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. Su función es atender reclamaciones, investigar posibles irregularidades y emitir recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la universidad.
Los estudiantes, principales demandantes
Del total de quejas registradas, 90 fueron presentadas por estudiantes, lo que representa más del 77% del total. Le siguen a distancia el Personal Docente e Investigador (PDI), es decir, los profesores universitarios, con 18 quejas. El Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), que engloba al personal no docente de la universidad, presentó 5 quejas, mientras que otros colectivos sumaron 3.
Esta distribución refleja que son los alumnos quienes recurren con mayor frecuencia a esta figura para resolver conflictos o solicitar intervenciones ante situaciones que consideran injustas o irregulares.
Más peticiones de amparo que el año anterior
Además de las quejas, la Defensoría gestionó 91 peticiones de amparo durante 2025, ligeramente por encima de las 86 registradas en 2024. Estas peticiones son solicitudes de protección o intervención urgente ante situaciones que vulneran derechos reconocidos en la normativa universitaria.
Al igual que ocurre con las quejas, los estudiantes lideran también estas solicitudes con 65 peticiones, seguidos por el PDI con 17, otros colectivos con 7 y el PTGAS con apenas 2. Estos datos evidencian que el alumnado es el sector que más utiliza los mecanismos de defensa que ofrece esta institución.
La evaluación, principal motivo de conflicto
El informe revela que las cuestiones relacionadas con la evaluación académica concentran el mayor número de conflictos. En total, 31 quejas y 21 peticiones de amparo tuvieron como origen problemas con exámenes, calificaciones o criterios de evaluación. Esta cifra convierte los procesos de evaluación en el principal foco de tensión dentro de la universidad.
El segundo motivo más frecuente de queja fueron las conductas de acoso, con 7 casos registrados. Aunque esta cifra es significativamente menor, pone de manifiesto que situaciones de esta naturaleza siguen produciéndose en el ámbito universitario y requieren especial atención.
Una intensa actividad de gestión
Más allá de las quejas y peticiones formales, el equipo de la Defensoría mantuvo una actividad diaria intensa. Durante 2025 gestionaron 617 correos electrónicos y realizaron 176 entrevistas, tanto presenciales como telemáticas. Estas cifras reflejan el volumen de consultas, orientaciones y gestiones informales que no llegan a convertirse en quejas formales pero que forman parte esencial del trabajo de la institución.
Participación activa en redes y encuentros
Participación activa en redes y encuentrosMaría del Carmen Carrión Pérez también ha mantenido una activa presencia institucional. Participó en la Jornada Técnica de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias (CEDU) celebrada en Valladolid y en el XXVII Encuentro Estatal de esta misma organización en La Rioja. Además, asistió a siete reuniones de la Red Andaluza de Defensorías Universitarias (REDUAN) y realizó numerosas visitas a centros y facultades de la Universidad de Granada.
Estos encuentros permiten coordinar criterios entre las defensorías de distintas universidades españolas y compartir buenas prácticas para mejorar la protección de los derechos de la comunidad universitaria.
Casos relevantes y pronunciamientos
El informe también recoge una selección de casos destacados que han servido para clarificar aspectos importantes del funcionamiento universitario. Entre ellos figuran cuestiones sobre la distribución de competencias entre distintas unidades de la Universidad de Granada, los mecanismos de participación de los departamentos en la creación de nuevos másteres, y los requisitos de acceso para personas mayores de 25, 40 y 45 años.
También se abordaron asuntos relacionados con la correcta cumplimentación de las prácticas curriculares en grados y másteres profesionalizantes, la atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, y la coherencia entre las guías docentes y las guías didácticas individualizadas del profesorado.
Otros pronunciamientos versaron sobre el derecho del alumnado a disponer de dos convocatorias de evaluación por cada matrícula, el derecho a la revisión de exámenes, y la adaptación del servicio de comedores universitarios para usuarios con celiaquía.
El informe se estructura en cuatro apartados principales: un resumen de la actividad desarrollada, una selección de casos y pronunciamientos relevantes, la actividad institucional realizada y la ejecución del presupuesto asignado a la Defensoría.