Presiones políticas, manifestaciones y cientos de portadas. Así han sido las últimas semanas en materia de Educación. La guerra comenzó en 2013 de mano del ex ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, quien presentó el proyecto de ley con la oposición de casi todos los partidos de la Cámara y todos los sectores implicados.
No por parte de los padres, no por parte de los colegios, el no de las Comunidades Autónomas, la negativa de los profesores y la salida a la calle de los estudiantes. Un país en guerra por una ley que el Partido Popular se negaba a recular. Haría falta una nueva cara para que fuera entrando poco a poco y se cambiara de perspectiva. La llegada de íñigo Méndez de Vigo mejoró la situación, la ley era la misma pero al menos la presentaban con una sonrisa.
Pero las buenas maneras durarían poco. Tras el levantamiento, literal, de algunas Comunidades Autónomas, el Gobierno se vio forzado a ceder en algunos aspectos legislativos. El primero y más acuciante era el acceso a la Universidad. Ya solo quedan seis meses para que se desarrollen unos exámenes que, hasta hace pocos días, no se sabía que contenidos ni formatos iban a tener. Y el Gobierno dio su brazo a torcer. Fin de la primera batalla, continúa la guerra.
En el discurso de investidura de Mariano Rajoy aparece por primera vez la referencia al Pacto de Estado por la Educación, palabras a recordar que señalaron una pequeña luz de esperanza.
El segundo encontronazo fuerte se llevó a cabo en el Parlamento. El grupo socialista presentó una proposición legislativa para suspender el calendario de aplicación. El Gobierno pidió su retirada a la Mesa de la Cámara y volvió a perder la batalla. Fin del segundo asalto.
Noviembre llega a sus últimas semanas con una nueva manifestación, que aunque no recoge el éxito esperado, vuelve a señalar el descontento de los estudiantes. Demasiado palpable la falta de apoyos. La comunidad educativa levanta el puño contra un Gobierno recién constituido que no contempla sus peticiones. Con el país en contra se toma la decisión final, suspensión de las reválidas, parte más comprometida de la LOMCE, hasta alcanzar el Pacto de Estado. La Sectorial de Educación ha hablado. El 15 de diciembre se señala como fecha límite para ofrecer un texto alternativo que regule el acceso a la Universidad. 2017 se iniciará con un calendario a presión que ya habrá eliminado un mes de los seis que se señalaron para llegar al consenso en torno al nuevo Pacto. Promesas de consenso tras una guerra en la que los caídos han conseguido nuevas plazas fuera de España, algo que a muchos ha despertado sensaciones de injusticia.
Las últimas batallas parecen estar llegando a su fin y la victoria, en forma de ley, se acerca poco a poco. Durante sus casi 40 años de democracia España no ha conseguido estar unida en una sola normativa educativa, la guerra lleva muchos años enfrentando a las partes, buscando el ansiado consenso que los una a todos.