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14 junio, 2026
Andalucía

La Junta cierra el proceso de modernización más amplio del sistema universitario andaluz

La Junta aprobará antes de fin de año dos nuevas leyes que transformarán el sistema de educación superior e investigación en la región

Andalucía está a punto de cerrar la transformación más profunda de su sistema universitario en los últimos 30 años. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha confirmado en el Parlamento que este curso culminará con la aprobación de dos leyes clave: la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía (ACTIVA).

El balance de los tres primeros años de legislatura presentado por el consejero muestra una reforma integral que abarca desde la financiación hasta la investigación, pasando por las condiciones laborales del personal universitario y el apoyo al emprendimiento científico.

Un nuevo modelo de financiación

Uno de los pilares fundamentales de esta transformación es el nuevo modelo de financiación universitaria. Según Gómez Villamandos, este sistema otorga «mayor competitividad, estabilidad y garantías de financiación a las universidades». Para este ejercicio, la dotación alcanza los 1.757,9 millones de euros.

Dentro de este marco, se ha aprobado un Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras que inyectará 80 millones de euros hasta 2027. El consejero aclaró que estos fondos proceden de remanentes que «durante décadas estuvieron congelados y de los que las instituciones académicas no pudieron hacer uso».

Renovación de la oferta académica

En el terreno académico, la actuación más destacada ha sido la aprobación de una nueva programación de enseñanzas. El sistema público universitario andaluz ofertará hasta 2028 un total de 199 nuevas titulaciones, de las cuales 40 se estrenan en este curso 2025/2026.

Esta renovación responde a una necesidad urgente: la oferta académica llevaba casi 15 años sin actualizarse y no se ajustaba a las demandas del mercado laboral actual. Las nuevas titulaciones buscan cerrar esa brecha entre lo que se enseña en las aulas y lo que necesitan las empresas.

Mejoras laborales para el personal universitario

La reactivación de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas ha permitido avances significativos en las condiciones del personal. Se ha puesto en marcha un nuevo sistema de complementos autonómicos para el profesorado que ha beneficiado a más de 13.000 docentes e investigadores.

Además, se ha establecido un sistema de evaluación del desempeño para la carrera profesional del personal técnico, de gestión y de administración, un colectivo fundamental para el funcionamiento de las universidades pero históricamente menos visibilizado.

Control y transparencia

En 2024 arrancó el Plan de Inspección Universitaria de Andalucía, una novedad absoluta. Aunque la legislación andaluza de 2013 ya contemplaba esta labor de control y seguimiento, nunca se había implementado hasta ahora. Esta inspección permite supervisar sobre el terreno el funcionamiento de las universidades públicas.

Apoyo al estudiantado

Las familias andaluzas se ahorrarán más de 40 millones de euros este curso gracias al decreto de precios públicos universitarios, que el consejero define como «uno de los más sociales del conjunto nacional». La última actualización de esta normativa incluye una novedad importante: mantiene la bonificación en la matrícula para estudiantes que sufran accidentes o enfermedades graves que les impidan cumplir todos los requisitos académicos.

En movilidad internacional, la Junta incrementará un 5% más las cuantías del complemento autonómico de las becas Erasmus+ en los presupuestos de 2026, sumándose al 5% ya aplicado en esta legislatura. En total, un aumento del 10% en esta partida.

Impulso a la investigación con 98 millones

La Consejería convocará hasta enero próximo diversas líneas de ayudas por 97,5 millones de euros destinadas a promover proyectos de investigación, adquirir equipamiento científico, fomentar la transferencia del conocimiento y consolidar los campus y unidades de excelencia.

Este año, 274 investigadores se han incorporado al sistema andaluz tras una inversión de 38,42 millones en convocatorias predoctorales, posdoctorales y del programa Emergia. Además, se han activado 25 millones para proyectos de I+D aplicada, cuya resolución provisional ya está publicada.

Entre los grandes proyectos científicos destacan dos infraestructuras de primer nivel internacional. El acelerador de partículas IFMIF-DONES recibirá 107 millones cofinanciados con fondos europeos hasta 2027, con una previsión de 211 millones hasta 2034. Por su parte, el reactor experimental TOKAMAT de la Universidad de Sevilla contará con ocho millones de euros.

Centros de investigación por toda Andalucía

La Junta ha financiado importantes centros e instalaciones liderados por las universidades públicas. Entre ellos, el centro de Las Lagunillas en Jaén (4,8 millones), el UCA SEA en Algeciras (4,5 millones), el Centro de Innovación en Movilidad Aérea Urbana (20 millones) y el UGR Dones en Granada (14,4 millones), dedicado a la investigación relacionada con el IFMIF-DONES.

En innovación, destaca la iniciativa InnovAndalucía, lanzada en febrero de 2025 con 59 millones y seis líneas de ayudas para clústeres de innovación, centros tecnológicos, empresas y aviación sostenible. También se han concedido ocho millones para buscar soluciones ante la sequía.

Emprendimiento universitario

La Consejería ha completado el mapa de Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) con un centro en cada universidad pública, además de crear ocho comisiones provinciales para coordinar todas las actuaciones en este ámbito.

Este año se convocarán tres líneas de incentivos por 2,2 millones de euros procedentes de fondos europeos para aceleradoras y startups. Se ha creado el primer Catálogo de Aceleradoras de Iniciativas Emprendedoras de Andalucía y se han lanzado programas específicos para startups del sector aeroespacial.

Con este ambicioso paquete de medidas, Andalucía busca situar su sistema universitario y científico entre los más competitivos de España en un momento en que la investigación y la innovación se consideran motores esenciales del desarrollo económico y social.

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