La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha salido al paso de las críticas expresadas ayer lunes por el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, sobre el proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). El Gobierno andaluz asegura que la norma respeta escrupulosamente la Constitución, la legislación estatal y la autonomía universitaria, tal como han confirmado tanto el Gabinete Jurídico de la Junta como el Consejo Consultivo de Andalucía.
El texto legal ha seguido el procedimiento habitual de tramitación tras recibir el visto bueno inicial del Consejo Andaluz de Universidades. Durante este proceso, se han incorporado mejoras técnicas sugeridas por organismos independientes como el Consejo Consultivo, el Consejo de Transparencia y la Agencia de la Competencia. Sin embargo, la Consejería subraya que el contenido esencial del anteproyecto permanece intacto.
Punto de fricción: la aprobación de plantillas
Uno de los aspectos más controvertidos es la necesidad de que la Junta autorice la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de las universidades, es decir, el documento que detalla todas las plazas de personal de cada institución académica. Desde la Consejería argumentan que esta exigencia no representa ninguna novedad, sino que viene impuesta por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la normativa estatal aprobada recientemente, concretamente en su artículo 46.2.e.
Además, el Gobierno andaluz recuerda que esta disposición ya figuraba en el borrador que los propios rectores votaron favorablemente en la reunión del Consejo Andaluz de Universidades celebrada en octubre de 2024.
Límites a los órganos de gobierno
Otro de los puntos que han generado debate es la regulación del tamaño máximo de los órganos colegiados universitarios, como los claustros o las juntas de facultad. La Consejería insiste en que este apartado no ha sufrido modificación alguna respecto al texto que respaldaron los rectores y que el Consejo Consultivo ha reconocido expresamente la competencia de la Comunidad Autónoma para establecer estos criterios.
Profesorado sustituto y nuevas figuras
La ley también aborda el uso de las figuras de profesorado sustituto, una cuestión que ha surgido a propuesta de los sindicatos. El objetivo es evitar abusos en la utilización de este tipo de contratos temporales, que han llegado a representar casi el 20% de la plantilla docente en las universidades públicas andaluzas. Para paliar esta situación, la LUPA impulsa la creación de la figura de Ayudante, con mejores condiciones laborales y académicas.
Interventores para vigilar las cuentas
Una de las novedades más significativas de la ley es la incorporación de un interventor en cada universidad pública. Esta figura, presente en todas las administraciones públicas, tendrá como misión garantizar que la gestión económica sea transparente y se ajuste estrictamente a la legalidad. Según la Consejería, se trata de una medida preventiva para evitar que se repitan episodios de mala gestión como los vividos en etapas anteriores en la Universidad de Málaga.
Consejos sociales y universidades privadas
Respecto a las funciones de los consejos sociales —órganos que actúan como puente entre la universidad y la sociedad—, la Junta sostiene que la ley respeta sus competencias actuales y no les atribuye nuevas funciones que vayan más allá de lo establecido en la LOSU.
En cuanto a las universidades privadas, la Consejería ha aclarado rotundamente que estas instituciones no recibirán «ni un solo euro» de becas públicas. Según el Gobierno andaluz, la LUPA exige precisamente que las universidades privadas financien sus propias becas con recursos propios, sin contemplar en ningún caso la posibilidad de que reciban fondos públicos para este fin.
La cuestión de la financiación
Por último, la Consejería ha lamentado las declaraciones del presidente de AUPA sobre el impacto económico de la norma. El Gobierno andaluz insiste en que la LUPA no generará costes adicionales para las universidades, tal como se refleja en el estudio económico preceptivo que acompaña al proyecto de ley.
Al mismo tiempo, la Consejería ha instado a los rectores andaluces a que reclamen al Ministerio de Ciencia la financiación necesaria para aplicar la LOSU, tal como ya ha hecho la Conferencia de Rectores a nivel nacional. Esta petición asciende a más de 3.000 millones de euros.
La Consejería de Universidad concluye reafirmando su compromiso con una normativa que considera «sólida, estable y moderna», capaz de impulsar el sistema universitario andaluz sin vulnerar la autonomía de las instituciones académicas, al tiempo que refuerza la calidad, la transparencia y la equidad en el conjunto del sistema.