La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía transferirá en las próximas semanas 39,07 millones de euros a las universidades públicas andaluzas para hacer efectiva la subida salarial del 2,5% acordada por el Gobierno central con los sindicatos. Esta inyección económica beneficiará a cerca de 30.000 empleados públicos del sistema universitario andaluz, que verán reflejado el incremento en sus nóminas de diciembre.
El anuncio lo realizó este miércoles el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, quien garantizó que los 29.779 trabajadores afectados —tanto del personal docente e investigador como del cuerpo técnico, de gestión y administración— recibirán esta mejora retributiva antes de que finalice el año. Para ello, la Consejería se ha comprometido a agilizar la transferencia de fondos a las diez instituciones académicas que conforman el sistema público universitario andaluz.
Previsión presupuestaria desde mediados de año
Herrera explicó que su departamento había reservado desde mediados de 2025 una partida de 33,2 millones de euros, previendo que el Ejecutivo central podría aprobar un incremento salarial para los empleados públicos. Sin embargo, esa cuantía se calculó estimando una subida del 2%, por lo que ahora será necesario añadir recursos adicionales para cubrir el medio punto porcentual restante.
“Desconocíamos cuál sería la tasa final de crecimiento salarial, por lo que hicimos los cálculos iniciales con una estimación prudente del 2%. Ahora hemos comenzado a trabajar para liberar las cuantías retenidas y adicionar ese 0,5% que faltaba”, señaló el secretario general de Universidades.
El montante total de 39,07 millones representa lo que Herrera calificó como “un esfuerzo presupuestario importante” que se sumará al modelo de financiación ordinario, incrementando así los recursos disponibles este año para el sistema público de educación superior andaluz.
Críticas por los plazos ajustados
A pesar de garantizar que las universidades recibirán los fondos a tiempo, el responsable universitario criticó los plazos establecidos por el Gobierno central. “Este acuerdo alcanzado tan próximo a final de año nos deja muy poco margen de maniobra a las administraciones autonómicas”, advirtió Herrera, quien recordó que las universidades ya han comenzado las tareas administrativas necesarias para cerrar las nóminas de diciembre.
Esta subida salarial, acordada entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los sindicatos más representativos de la función pública, forma parte del compromiso de recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos tras años de congelación y subidas moderadas. El acuerdo incluye tanto a funcionarios como a personal laboral de todas las administraciones.
Distribución por universidades
El reparto de los 39,07 millones entre las diez instituciones se realizará proporcionalmente al tamaño de sus plantillas. Las universidades de Sevilla y Granada, las dos más grandes del sistema, recibirán las mayores asignaciones: 9,83 y 9,43 millones de euros respectivamente.
La Universidad de Málaga percibirá 5,38 millones, mientras que las de Cádiz y Córdoba recibirán 3,36 y 3,03 millones respectivamente. Por su parte, Jaén dispondrá de 2,26 millones, Almería de 1,99 millones, y Huelva de 1,83 millones.
Las instituciones más pequeñas del sistema también están incluidas en el reparto. La Universidad Pablo de Olavide recibirá 1,74 millones de euros, mientras que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que cuenta con una plantilla significativamente menor, percibirá 198.692 euros.
Impacto en las plantillas universitarias
Esta medida supondrá un alivio económico para las casi 30.000 personas que trabajan en las universidades públicas andaluzas, un colectivo que lleva años reclamando mejoras salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. El personal docente e investigador, junto con el personal de administración y servicios, verá incrementado su sueldo mensual de forma permanente a partir de diciembre.
La aplicación efectiva de esta subida dependerá ahora de la agilidad con la que la Consejería ejecute las transferencias y de la capacidad de las universidades para incorporar los cambios en sus nóminas en los ajustados plazos disponibles antes del cierre del ejercicio fiscal.