El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, visitó este miércoles el Consejo Social de la Universidad de Sevilla para participar en su pleno y conocer las nuevas instalaciones del organismo. Durante el acto, aprovechó para reivindicar el papel de estos órganos como algo más que simples supervisores de la gestión universitaria.
Los Consejos Sociales son los órganos que cada universidad pública española tiene por ley para garantizar que la institución académica rinde cuentas ante la sociedad. En ellos participan representantes empresariales, sindicales y de la administración, junto a miembros de la propia universidad. Su función es, en teoría, hacer de puente entre el mundo académico y el productivo.
Gómez Villamandos fue recibido en Sevilla por la rectora de la universidad, Carmen Vargas, y por la presidenta del Consejo Social, Mercedes León. Además de asistir al pleno, el consejero visitó la Real Fábrica de Tabacos, el histórico edificio del siglo XVIII que hoy sirve como sede central de la institución académica.
En su intervención, el consejero subrayó que estos organismos son «intermediarios muy valiosos» para estrechar la relación entre las universidades y el tejido empresarial andaluz, y también en sentido inverso: acercar las empresas a los campus. «Tenemos ejemplos de éxito de esa conexión en todas nuestras universidades», afirmó.
Como prueba de ello, citó dos proyectos de la Universidad de Sevilla que considera referentes. El primero es el CUAM, un centro de innovación especializado en vehículos aéreos no tripulados —los conocidos como drones— y en movilidad aérea urbana, orientado a los retos tecnológicos del transporte del futuro. El segundo es el TOKAMAK SMART, un proyecto de investigación en fusión nuclear: una tecnología que busca replicar el proceso que ocurre en el interior del Sol para generar energía limpia y prácticamente ilimitada, aunque su aplicación comercial todavía se sitúa en el horizonte de las próximas décadas.
La visita se produce apenas un mes después de que entrase en vigor la Ley Universitaria para Andalucía, conocida por sus siglas como LUPA. Esta norma, aprobada por la Junta, refuerza expresamente las funciones de los Consejos Sociales y reconoce su papel estratégico dentro del sistema universitario andaluz. La ley no solo amplía su capacidad de supervisión, sino que también les garantiza una partida presupuestaria propia dentro de los presupuestos de cada universidad pública de la comunidad.
Uno de los elementos más novedosos de la LUPA es la creación del Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios, un órgano de coordinación que agrupa a todos estos organismos a escala regional. Según Gómez Villamandos, su objetivo es garantizar que la universidad andaluza siga siendo «un motor de innovación, talento y cohesión social» para el conjunto de la comunidad autónoma.