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16 junio, 2024
Andalucía

La Junta se plantea recurrir la LOSU ante el Tribunal Constitucional

La Junta se plantea recurrir la LOSU ante el Tribunal Constitucional

Con el objetivo de “paliar, en lo posible, los efectos de la LOSU”, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha emitido un comunicado en el que señalan que Andalucía será la primera Comunidad Autónoma de España en iniciar los trámites para la aprobación de una ley autonómica, la futura Ley de Universidades Andaluza (LAU), que se adapte a la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Norma que fue aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados.

En este sentido, subrayan, la Consejería mantiene “serias dudas” acerca de la constitucionalidad de algunas cuestiones contempladas en la LOSU, por lo que encargará un análisis de la misma a los servicios jurídicos de la Junta. Acción con la que, a su vez, barajan la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la LOSU por vulnerar derechos fundamentales y sus competencias.

En este sentido, tal y como señalan desde la Junta de Andalucía, la nueva Ley de Universidades introdujo, a través de una enmienda de ERC, la posibilidad de que las universidades se pronuncien sobre cuestiones políticas, algo que una reciente sentencia del Tribunal Supremo estimó ilegal. Así, la sentencia del Tribunal Supremo señalaba la imposibilidad de que la Universidad se pronuncie y “se refiera a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político ajenas al objeto y funciones de la institución académica, y que dividen a la ciudadanía”.

Por otro lado, la Consejería andaluza también señala que la LOSU establece un aumento de la financiación universitaria, aunque sin prever más medios económicos para las comunidades autónomas. :

Contrarrestar la LOSU con la Ley Andaluza de Universidades

El objetivo del Gobierno andaluz es que la futura Ley Andaluza de Universidades, que necesariamente debe adaptarse a la próxima Ley Orgánica estatal, ofrezca soluciones, en el ámbito de sus competencias, a las necesidades normativas y estratégicas que demandan las universidades andaluzas y a las que la LOSU ha obviado, según el texto de Ley aprobado en el Congreso por el Gobierno central. De este modo, la Junta deberá crear nuevas figuras docentes e investigadoras que eviten la previsible paralización en la contratación de profesorado que va a provocar la LOSU.

Así pues, la futura Ley Andaluza de Universidades contemplará reformas para la estabilización del personal, su promoción, la apuesta por la internacionalización, la rendición de cuentas y la mejora de los Consejos Sociales, entre otras cuestiones.

Por este motivo, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación vuelve a exigir al Ministerio de Universidades que dote a las comunidades autonómicas de los medios económicos necesarios para hacer frente al aumento de financiación que esta ley estatal conlleva. Entre los casos a abordar estaría, por ejemplo, la necesidad de contratar más profesorado al descender el número de horas de clase en algunos tipos de contratos como el de ayudantes doctores.

Demandas con las que también han recordado que hace unas semanas el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, remitió una carta al ministro de Universidades, Joan Subirats, reclamándole medios económicos para hacer frente al aumento del gasto, “que ha sido cifrado en unos 20 millones de euros anuales”.

Del mismo modo, Villamandos pide que el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario se acuerde y negocie con las Universidades, algo que “no se ha hecho hasta ahora”.

Por ello, en contraposición con lo que ha hecho el Gobierno central, la Junta de Andalucía insiste que, a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, comenzará el proceso para la tramitación y elaboración de la futura Ley Andaluza de Universidades a través del diálogo permanente con la comunidad universitaria, los rectores, los agentes sociales y todos los implicados en esta ley. Todo ello con la intención de poder tener un texto negociado a lo largo del verano.


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