El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, han destacado el fuerte compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con las personas con discapacidad a través de la futura Ley Andaluza de Universidades, que verá la luz en el primer semestre del 2023, o la reserva del 5% en la contratación de la Junta con los Centros Especiales de Empleo. Así lo han puesto de manifiesto durante su participación en el acto inaugural de la jornada que ha organizado la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para conmemorar el Día Internacional de Personas Con Discapacidad.
En este sentido, Gómez Villamandos ha recordado el firme compromiso integrador de la Junta de Andalucía para propiciar la inclusión y la atención a la diversidad funcional. Por esto, ha avanzado que la futura Ley Andaluza de Universidades consolidará las oficinas de atención a la diversidad funcional y los recursos necesarios para su funcionamiento y mejora “garantizando la igualdad de oportunidades” para los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.
Intervención durante la que el consejero ha explicado que en Andalucía, según el ‘Estudio sobre la situación de las personas con discapacidad’ elaborado por la Consejería de Igualdad, hay 3.193 alumnos en el nivel académico de Grado en las universidades andaluzas pertenecientes a este colectivo (1.795 hombres y 1.398 mujeres). Cifra que representa el 1,4 % de media de la población estudiantil de ese nivel; y, sin contar con la UNED, este número desciende hasta 2.062 estudiantes; es decir, sólo el 1%.
Por este motivo, el consejero ha incidido en que desde el Ejecutivo andaluz “queremos incrementar ese porcentaje” con el fin de garantizar las mismas oportunidades a las personas con discapacidad “porque no podemos permitirnos prescindir del talento y la capacidad de nadie”.
Una Ley Andaluza de Universidades por y para todos
El titular de Universidad, Investigación e Innovación ha hecho hincapié en la necesidad de que los colectivos de discapacidad estén representados en el comité encargado de elaborar la futura Estrategia de Universidades. Ley Andaluza de Universidades que “incluirá un bloque específico para discapacidad, con actuaciones concretas encaminadas a impulsar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal la inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad”.
Del mismo modo, Gómez Villamandos ha destacado que es fundamental contar con una Universidad inclusiva para caminar hacia la excelencia, por lo que “entre todos tenemos que conseguir que crezca el espíritu de nuestras universidades con alma, que están pegadas a su territorio y a las necesidades de las personas”, subrayaba.
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado el marcado carácter social de la Universidad Pablo de Olavide y ha señalado que el Gobierno andaluz tiene “un compromiso inquebrantable” con las personas con discapacidad. “Apostar por la formación y la autonomía es abrirle el camino a un futuro propio y dar oportunidad no solo a estos jóvenes sino a una sociedad más capaz de aprovechar sus talentos”, ha remarcado la consejera.
En este punto, Loles López ha hecho alusión al compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que antes de fin de año se aprobarán las condiciones para garantizar la reserva del 5 por ciento en la contratación administrativa de la Junta de Andalucía con los centros especiales de empleo.
Se trata, como ha proseguido, de una de las actuaciones que pondrá en marcha el Gobierno andaluz, así como ha mencionado planes como el III Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía, que se ha empezado a desarrollar; al II Plan de Acción Integral para las Mujeres con discapacidad en Andalucía, que está ya en redacción, o el II Plan de Empleo para las personas con discapacidad, que se está elaborando por la Consejería de Empleo en colaboración con la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social.
Además, otro de los objetivos prioritarios es mejorar el sistema de valoraciones a través de la simplificación de trámites, la colaboración con colegios profesionales y la modernización de los centros de valoración. El reto es “reducir los tiempos de espera” porque “el propósito es seguir ayudando a las personas con discapacidad y actuar todos y todas unidos en torno a ese compromiso sin fisuras que nos mueve para lograr una Andalucía más inclusiva e igualitaria”.
Como ha enfatizado López, “desde el Gobierno andaluz, vamos a seguir trabajando intensamente en la accesibilidad universal de la mano de todos y todas, y también de las universidades, que tanto hacen por hacer una Andalucía más accesible e inclusiva”.