La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya es una realidad

Aprobada la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)

La nueva Ley de Universidades, que ha tenido que volver al Congreso tras ser modificada en el Senado salvando este trámite con un aprobado raspado, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ley que plantea medidas para la reducción de la precariedad en la Universidad, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030.

Así pues, con la LOSU “hemos asumido la demanda de muchas de las universidades que durante años han reclamado el contar con una nueva ley, 22 años después de la aprobación la LOU”, ha manifestado el ministro de Universidades, Joan Subirats. Palabras con las que, durante su intervención en el Pleno, ha asegurado que han tramitado la ley “desde un talante inequívoco de diálogo y consenso”. Y es que esta nueva ley, según ha señalado Subirats, “quiere acabar con un largo periodo de infrafinanciación de las universidades públicas”. Por ello, “ya estamos trabajando con las Comunidades Autónomas y con la CRUE para que la financiación del 1% del PIB para 2030 pueda llegar a cumplirse”, ha avanzado.

Igualmente, el ministro ha afirmado que con la LOSU las universidades “son y seguirán siendo pilares fundamentales para preservar el pluralismo ideológico, para el desarrollo de la investigación y su transferencia a la sociedad”. Y ha subrayado que en la Ley Orgánica del Sistema Universitario “se habla de ciencia abierta, ciencia ciudadana y reconoce y propugna una universidad abierta al mundo, internacionalizada, plenamente integrada en el tejido universitario europeo y vinculada al espacio Iberoamericano de conocimiento”.

De este modo, sin olvidarse de su predecesor, el ministro de Universidades ha agradecido al exministro Manuel Castells su labor al iniciar el proceso, señalando además que el Gobierno ha hecho “un esfuerzo importantísimo para ampliar la base económica de los universitarios, estableciendo un aumento sin precedentes en las becas universitarias”. Intervención con la que también ha añadido que la nueva norma está destinada a las universidades “para asegurar su buena salud, pero también está destinada al conjunto de la sociedad”.

Reacciones políticas a favor y en contra

En su presentación ante el Congreso de los Diputados para su votación y aprobación, las reacciones políticas en el hemiciclo sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) han sido dispares, contando con opiniones a favor y en contra.

En oposición a esta nueva norma estaría, entre otros, el Partido Popular, quien ha expresado su rechazo a través de la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Jesús Moro Almaraz. Intervención en el Pleno de la Cámara Baja en la que ha advertido que esta ley “no es la ley que necesitan las universidades españolas, tampoco la que esperaban”. E insiste en que “no merecen esta ley, no resuelve nada, lo complica todo y lo encarece. No resuelve la precariedad. No contenta a nadie”.

Discrepancias con la nueva Ley que también se han puesto de manifiesto por parte del Grupo Parlamentario Vox al apuntar que “se quejan los rectores, los estudiantes e incluso las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, los profesores o los investigadores”, como ha asegurado el diputado Pedro Fernández Hernández.

Tónica similar a la presentada por el diputado de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, quien ha lamentado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario haya vuelto del Senado con enmiendas de carácter transitorio “que no solucionan el problema y son un pequeño parche para un gran descosido que es la LOSU. No hemos podido evitar que las universidades se conviertan en instrumentos partidistas”.

Línea que también sostiene Unión del Pueblo Navarro, desde donde han señalado que esta norma es “una oportunidad perdida para regular mejor el funcionamiento de las universidades en España”. Por ello, con el apoyo que ha tenido, el diputado Carlos García Adanero prevé que “no va a ser una Ley Universitaria para varios años” ya que “no ha satisfecho a nadie, ni a rectores, ni a comunidades autónomas”.

Por el contrario, en oposición a las críticas de los citados partidos políticos, y a favor de la aprobación de la LOSU, se ha pronunciado el socialista Roberto García Moris, quien en respuesta a la intervención de la diputada popular ha reprochado que durante el Gobierno del PP “se generaron bolsas de precariedad en la Universidad por sus políticas. El PP, ejecutores de las políticas de recortes sobre el sistema científico universitario, sigue preguntándose por qué era necesaria una nueva Ley de Universidades”, ha comentado. Intervención en la que ha subrayado que “la Ley de Universidades favorece la igualdad en el ámbito universitario, favorece la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en la carrera científica”.

Aprobación que ha contado también con el apoyo del diputado de Unidas Podemos-En Comú Podem, Gerardo Pisarello, al celebrar que el Gobierno haya aprobado más de 100 leyes esta legislatura y recalcando que la LOSU “refuerza el carácter público de la Universidad y la hace más democrática y accesible”. Visto bueno que, igualmente, ha recibido desde el Grupo Parlamentario Republicano al mostrarse orgullosos por, a pesar de contar con trece diputados, haber conseguido “incorporar más de 150 enmiendas que han mejorado sensiblemente el texto”, apuntaba ayer la diputada de ERC Marta Rosique. Especialmente al conseguir que se incorpore el derecho de huelga para el estudiantado, que las personas migrantes “puedan por fin homologar sus títulos” o que el Gobierno deba presentar en seis meses, en lugar de un año como estaba establecido en el documento inicial, el proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

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