La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha iniciado ya los trámites para elaborar el Anteproyecto de Ley Andaluza de Universidades (LAU), convirtiendo así a Andalucía en la primera comunidad que reacciona a la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). De esta forma, cumplen con el compromiso del consejero, José Carlos Gómez Villamandos, de comenzar “de forma inmediata” la modificación del marco normativo andaluz en la materia tras la publicación en el BOE de la Ley estatal, con el fin de “minimizar en todo lo posible” los efectos de su entrada en vigor.
Así pues, el procedimiento administrativo puesto en marcha tiene como primer paso someter a consulta pública previa la elaboración del Anteproyecto de Ley Andaluza de Universidades durante un periodo de 15 días. Trámite a realizarse a través del portal web de la Junta de Andalucía.
Durante su periodo de consulta, la ciudadanía en general y los principales colectivos afectados por este cambio legislativo “tendrán la oportunidad de realizar aportaciones y sugerencias que serán analizadas posteriormente y tenidas en cuenta, en su caso, en la fase de redacción de la futura Ley Andaluza de Universidades”, comentan.
Una Ley Andaluza de Universidades para responder a la LOSU
Gómez Villamandos ha destacado que el objetivo de la Junta es que la futura norma autonómica, que necesariamente debe adaptarse a la Ley Orgánica del Sistema Universitario aprobada a nivel nacional, ofrezca soluciones, en el ámbito de sus competencias, a las necesidades normativas y estratégicas que demandan las universidades y a las que la LOSU no ha atendido. “Se ha quedado corta para el potente sistema universitario andaluz y perjudica su proyección futura”, por eso “debemos afrontar estos cambios”, ha apuntado.
Asimismo, con la finalidad de paliar esos efectos negativos, la Administración andaluza deberá contemplar en el Anteproyecto de Ley Andaluza de Universidades nuevas figuras docentes e investigadoras que eviten “la previsible paralización en la contratación de profesorado que va a provocar la LOSU”, según ha añadido. De igual modo, incluirá reformas para la estabilización del personal y para su promoción, así como para reforzar la apuesta por la internacionalización, la rendición de cuentas y la mejora de los Consejos Sociales, entre otros aspectos.
Este futuro marco legal andaluz en materia de educación superior también atenderá otros objetivos como continuar avanzando en un modelo de universidad que garantice el principio de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público universitario y adaptar el sistema a la nueva realidad jurídica y social, en un marco de suficiencia de medios y de cooperación. Se buscará, igualmente, una mayor retroalimentación entre sociedad y universidad, a través de instrumentos como la empleabilidad, la innovación y la transferencia.
Universidades a dos velocidades
Uno de los motivos de la premura por poner en marcha la Ley Andaluza de Universidades ha sido la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Ante esto, el titular de Universidad ha subrayado que la LOSU es “ineficaz, lo complica todo y no soluciona nada”, provocando “más incertidumbre en el sistema universitario y aumentará su precariedad, lo que redundará negativamente en la formación”. A su juicio, generará más gastos, pese a contar con menor financiación por parte del Gobierno central. Sólo las modificaciones aprobadas relativas a la figura de ayudante doctor supondrán para las universidades de Andalucía un coste de 20 millones de euros adicionales “de forma innecesaria”. De hecho, en una carta remitida al ministro de Universidades, Joan Subirats, Gómez Villamandos ya alertaba de ello, a la vez que le exigía financiación para afrontar el sobreesfuerzo que implica para las comunidades cumplir con los requerimientos contenidos en la norma. Para el consejero, se creará un escenario en el que una comunidad invertirá mucho mientras otra destinará menos, generando así “universidades a dos velocidades”.
Por otro lado, José Carlos Gómez Villamandos ha apuntado que “se ha perdido la oportunidad para llevar a cabo una reforma capaz de atender las demandas reales de la comunidad universitaria” y aspectos como la gobernanza, la transparencia o la rendición de cuentas. Gómez Villamandos ha asegurado que el nuevo marco estatal “no facilita a las universidades ser más europeas y se olvida de la internacionalización de estas instituciones académicas y del alumnado”. En ese sentido, ha afirmado que “únicamente se regula su representación, dejando atrás cuestiones clave como movilidad, sistema de becas, deportes o cultura”.
De igual modo, ha hecho hincapié en que la LOSU “desregula el sistema, haciendo que se creen 50 sistemas universitarios, tantos como universidades públicas”, a la vez que “coarta su autonomía”.