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28 mayo, 2024
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La propuesta de cotización de los estudiantes en prácticas sigue generando dudas

La propuesta de cotización de los estudiantes en prácticas sigue generando dudas

La propuesta de cotización de los estudiantes en prácticas prevista con la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2023, que entraría en vigor en octubre de este mismo año, sigue generando muchas dudas y divisiones. Una situación de inquietud que se está viviendo a nivel académico, político y laboral y que, una vez entre se ponga en funcionamiento, podría cambiar por completo el funcionamiento de las prácticas curriculares y, a su vez, mermar el número de ofertas disponibles.

Por este motivo, a las demandas de la Junta de Andalucía hacia el Gobierno central exigiéndole paralizar la norma que obliga a cotizar por las prácticas curriculares, se suma ahora la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA). Y lo hace tras la reunión de su Comisión Sectorial de Prácticas, Empleabilidad y Formación Permanente, celebrada recientemente para abordar las últimas novedades legislativas aparecidas con respecto a las prácticas curriculares y la cotización de los estudiantes en prácticas en la Seguridad Social.

Peticiones de AUPA ante la cotización de los estudiantes en prácticas

Los rectores y rectoras de las Universidades Públicas Andaluzas, ante la obligatoriedad de la cotización de los estudiantes en prácticas que establece la citada norma, han querido manifestar varios puntos a tener en cuenta y, en la medida de lo posible, corregir. El primero de ellos, tal y como apuntan, señala que en el sistema universitario andaluz “valoramos con profunda preocupación la situación generada tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2023”. Y es que, esta normativa, supone la incorporación en la Ley General de Seguridad Social de una nueva disposición adicional quincuagésima segunda sobre ‘Inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación’. Algo por lo que avisan de las “gravosas consecuencias” que esta medida puede tener desde el punto de vista de sus costes y de su gestión administrativa, así como por las implicaciones que puede tener en el correcto desarrollo formativo del estudiantado.

En segundo lugar, ante la actual propuesta de cotización de los estudiantes en prácticas, desde AUPA señalan que las universidades públicas andaluzas “nos manifestamos en desacuerdo” con una reforma de la que se deriva una cotización obligatoria a la Seguridad Social con ocasión de la impartición de una asignatura “por el mero hecho de que su desarrollo se produzca fuera del aula y en colaboración con el tejido administrativo, productivo o asociativo”. En este sentido, insisten en que “particularmente, nos preocupa cómo se podrán gestionar las prácticas vinculadas a las administraciones públicas”.

Por último, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas “reclamamos una solución diferente para la necesaria protección de las posibles contingencias que, con carácter excepcional, el estudiantado pueda tener en el desarrollo de sus prácticas académicas”, subrayan. Demanda con la que, de igual modo, matizan que “nos adherimos a la solicitud que ha realizado la propia Conferencia General de Política Universitaria respecto a la obtención de una prórroga de al menos un año para la entrada en vigor de esta medida“.

Firmantes del documento

Como se ha mencionado al principio de estas líneas, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) está integrada por los rectores y rectoras de las Universidades Públicas Andaluzas. Así pues, los firmantes de este documento elaborado para mostrar su preocupación por la actual propuesta de cotización de los estudiantes en prácticas y su posible repercusión en la oferta y desarrollo de las mismas son Carmelo Rodríguez Torreblanca, rector de la Universidad de Almería; Francisco Piniella Corbacho, rector de la Universidad de Cádiz; Manuel Torralbo Rodríguez, rector de la Universidad de Córdoba; Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada; María Antonia Peña Guerrero, rectora de la Universidad de Huelva; Juan Gómez Ortega, rector de la Universidad de Jaén; José Ángel Narváez Bueno, rector de la Universidad de Málaga; Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de la Universidad de Sevilla; José Ignacio García Pérez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía; y Francisco Oliva Blázquez, rector de la Universidad Pablo de Olavide.


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