Los investigadores posdoctorales no recibirán la subida del 2% del PIB

Los investigadores posdoctorales no recibirán la subida del 2% del PIB


Los empleados públicos verán incrementado su salario en un 2%. La subida salarial afectará al personal funcionario de la universidad, dando un reconocimiento a su trabajo. Pero no todos los trabajadores verán igualmente incrementado su sueldo a final de mes. Tal y como han anunciado desde la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI-Precarios), el salario de la mayoría de investigadores postdoctorales no se actualizará. 

Según el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF), por primera vez  se permitiría que los investigadores se beneficiaran de una subida salarial, ya que sus retribuciones mínimas se calculan ahora sobre la base del Grupo M3 (Máster o equivalente) del nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE). Pero no será así en cuanto a la subida salarial del 2%. Tal y como explican desde FJI-Precarios, esto se debe a que no existe en el convenio colectivo del personal laboral de la AGE una categoría que requiera la titulación de doctor, sino que la categoría más alta corresponde al título de máster (M3). Es por esta razón que no se puede hacer una equivalencia directa a un salario de doctor sobre el que calcular el salario mínimo de los postdoctorales de manera análoga a como se ha hecho con los predoctorales.

Al no tener estatuto propio ni convenio laboral específico, los investigadores postdoctorales vienen sufriendo una verdadera situación de indefensión. Por una parte, destaca la pérdida de poder adquisitivo desde hace más de una década, tal y como se reflejó en el informe de 2018 publicado por el colectivo de investigadores. De esta forma, por ejemplo, los investigadores postdoctorales Juan de la Cierva y Ramón y Cajal  tendrían menos derechos que otros de sus compañeros ya que no cuentan con un estatuto que les asegure un salario mínimo que se actualice anualmente como ocurre, desde hace menos de un año, con los predoctorales.

En este sentido, desde FJI-Precarios se señala como desde la aprobación de este estatuto el sueldo de un investigador disminuye cuando pasa de ser predoctoral a ser postdoctoral con una ayuda Juan de la Cierva-Formación. Esta situación, tachada de ilógica por los afectados, implicaría que “no se esté valorando salarialmente la mayor formación y experiencia simplemente porque el gobierno no ha abordado todavía un necesario estatuto que garantice los derechos de los postdoctorales”. Una realidad que se tilda como “nefasto para el mantenimiento de un sistema español de ciencia, ya que esta falta de competitividad en los salarios disminuye la atracción de talento internacional”.

Exigencias de los investigadores

Debido a esta situación injusta en el reparto del salario de los investigadores, desde FJI- Precarios se han marcado una serie de peticiones directas al gobierno:

  • Que se lleve a cabo un convenio sectorial (estatal) para el personal investigador no estabilizado que asegure mejoras salariales sin pérdida de poder adquisitivo y otros derechos que siempre hemos reivindicado desde FJI (como la posibilidad de percibir complementos tales como sexenios y quinquenios, por ejemplo).
  • Que hasta que se lleve a cabo este convenio sectorial, el salario de los investigadores postdoctorales sea similar en cuanto a poder adquisitivo a los niveles de 2005. Esto supondría que el salario sea como mínimo el 100% del grupo M3 de la Administración General del Estado (el que establece para los puestos que requieren estudios de Máster), al que habría que sumar el porcentaje de poder adquisitivo perdido en estos últimos años para investigadores Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y demás personal que tiene su salario mínimo congelado desde 2011. Tal reivindicación supone un incremento conjunto para los tres programas (Juan de la Cierva Formación, Incorporación y Ramón y Cajal) de 20 millones de euros, a lo sumo, en comparación con la financiación actual (siendo devuelta parte de esta subida a las administraciones: un 39% va a la Seguridad Social y otro porcentaje variable según cada caso vía IRPF).
  • Que se elabore con carácter de urgencia un Estatuto del Personal de Investigación en el que se recojan todos estos derechos y que incluya en él a investigadores, gestores y técnicos de laboratorio. En él se establecerán sus salarios mínimos para que los trabajadores públicos de la investigación no vuelvan a perder poder adquisitivo.

En este sentido, desde el colectivo se mantiene su exigencia de atender los cambios con “la mayor brevedad, incluyendo a los investigadores ya contratados, con el objetivo de acabar con la tremendamente injusta situación en la que se encuentran los investigadores postdoctorales de este país, a los que se les exige cada vez más méritos en su carrera pero  a la vez se les paga un salario que arrastra pérdida de poder adquisitivo e inestabilidad laboral”. Un posicionamiento que visualizaría la precariedad de la carrera investigadora en España, la cual afecta de lleno al sistema de ciencia al completo.


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