El consejero de Universidad, Innovación e Investigación, José Carlos Gómez Villamandos, ha mantenido este lunes un diálogo con los Rectores de las Universidades Andaluzas, en el que se ha tratado, entre otros asuntos, el aspecto de la subvención por parte de dichas entidades y como mantener la suficiencia financiera de estas.
Entre otras cosas, se ha acordado un protocolo cuyo objetivo sea establecer grupos de trabajo que revisen con detenimiento el modelo de financiación universitaria. El fin no es otro que contar con un instrumento que garantice la suficiencia del sistema, sin perder calidad por el camino.
El que fuera presidente de la Crue ha sostenido que planteará a los rectores de las universidades públicas andaluzas “un proceso de diálogo muy intenso en los próximos meses con distintos grupos de trabajo” para elaborar “enseguida” un modelo que “garantice la suficiencia financiera” de los centros, algo que “han venido reclamando los rectores durante muchísimos años”
:
“Mi objetivo es que el nuevo sistema de asignación se resuelva cuanto antes con el fin de poder orientar todos los esfuerzos hacia la gestión del sistema público y afrontar así nuevos logros que permitan continuar mejorando su excelencia académica e investigadora y ponerla al servicio de la sociedad y del sector productivo”, ha matizado.
Las materias que se analizarán para la configuración del nuevo modelo serán, entre otras, personal, investigación, estudiantes y vida universitaria; gerencia y cuestiones económicas; ordenación académica, infraestructuras, e internacionalización.
Las diferentes propuestas que se lleven a cabo serán analizadas posteriormente por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), en el cual están representados los rectores, los presidentes de los Consejos Sociales, la comunidad estudiantil y el Parlamento Andaluz.
Villamandos confía en que las decisiones que se tomen estén fundamentadas bajo las necesidades propias de cada una de las instituciones académicas: “Atendiendo siempre a su autonomía”.
La nueva formulación se aplicará a las diez universidades públicas andaluzas durante el periodo 2022-2026, sustituyendo a un esquema que data de 2006 y que se había venido aplicando hasta ahora, por lo que Andalucía ha carecido durante años de un diseño actualizado que pudiera dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria. “Ese modelo generó grandes distorsiones en la financiación de las instituciones académicas y ahora tenemos la oportunidad de que eso se solucione”, ha remarcado.
Compartir