La Universidad de Granada (UGR) ha respaldado la legitimidad del paro académico convocado por la Delegación General de Estudiantes (DGE) para los días 21 y 22 de mayo, pero ha salido al paso de algunas de las críticas que lo motivan, defendiendo las medidas adoptadas en materia de comedores, transporte y salas de estudio.
En un comunicado emitido este lunes, la institución ha reconocido el derecho de los estudiantes a movilizarse y ha coincidido con la DGE en uno de los argumentos centrales del paro: la insuficiente financiación del sistema universitario público andaluz. Según la UGR, la defensa de una financiación «suficiente, estable y adecuada» es una reivindicación que comparte plenamente.
Sin embargo, la universidad ha matizado su posición respecto a otras quejas. En cuanto a la subida de 50 céntimos en el precio de los comedores universitarios, la UGR ha explicado que obedece al aumento de los costes de operación y a la necesidad de mantener la calidad del servicio. Según la institución, pese al incremento, sus precios siguen siendo de los más bajos de España, y las becas de comedor continuarán cubriendo el coste íntegro del menú para quienes las tengan concedidas.
Sobre la supresión del Credibús —un bono de transporte exclusivo para universitarios—, la UGR ha defendido que su sustitución por la Tarjeta Única de Transporte amplía los beneficios para el estudiante. La nueva tarjeta ofrece descuentos de hasta el 50%, puede utilizarse durante todo el año, es válida para diferentes medios de transporte público, no requiere empadronamiento en Granada, tiene cobertura en toda Andalucía y está disponible para estudiantes de hasta 30 años.
En lo que respecta a las salas de estudio, la institución ha rechazado que exista un colapso generalizado. Reconoce situaciones puntuales de saturación, pero ha anunciado que seguirá trabajando junto a la DGE para mejorar la planificación del servicio. También ha recordado que en los campus de Ceuta y Melilla se han incrementado las becas de alojamiento y comedor, y que hay actuaciones en marcha en infraestructuras y servicios.
La UGR ha aclarado que el paro no implica la suspensión de clases: la actividad docente se mantendrá con normalidad para los estudiantes que no deseen secundarlo. El reglamento interno de la universidad ampara tanto el derecho a la huelga académica como el derecho a recibir clase de quienes no quieran participar.
La universidad ha cerrado su comunicado reafirmando su disposición al diálogo con la representación estudiantil y defendiendo que las medidas adoptadas responden a criterios de sostenibilidad y equidad, y no a un deterioro de las condiciones del estudiantado.