Las diez universidades públicas de Andalucía han denunciado este miércoles el incumplimiento sistemático por parte de la Junta de Andalucía de sus compromisos financieros. En un comunicado conjunto, la comunidad universitaria acusa al Gobierno andaluz de no respetar el modelo de financiación aprobado hace dos años y advierte de que emprenderá acciones legales si persiste esta situación.
El texto, fechado el 18 de diciembre de 2025, señala que durante 2024 y 2025 no se ha cumplido con ninguno de los compromisos económicos establecidos. Las universidades reclaman el cumplimiento estricto de las obligaciones contraídas y alertan del debilitamiento progresivo del sistema público universitario andaluz.
Incumplimientos en la cláusula de salvaguarda
El principal incumplimiento afecta a la llamada cláusula de salvaguarda, un mecanismo diseñado para proteger la financiación universitaria. Esta cláusula obliga a garantizar el 100% de la financiación recibida el año anterior y a incrementarla con el importe correspondiente a la subida salarial del personal del sector público. Sin embargo, según denuncian las universidades, esto no se ha respetado en ninguno de los dos años de aplicación del modelo.
En concreto, este año se adeuda el 0,5% de la subida salarial de 2024. Además, tampoco se ha actualizado el Capítulo II del presupuesto, una partida dedicada a gastos corrientes como suministros, material o servicios, tal como exige el propio modelo de financiación.
Financiación no consolidable para gastos fijos
Otro de los problemas denunciados tiene que ver con cómo se transfiere el dinero. En el segundo reparto de 2025, la Junta destinó más de 37 millones de euros al pago de salarios y otros conceptos retributivos, pero lo hizo clasificándolos como «proyectos estratégicos no consolidables».
Esta distinción no es un tecnicismo menor: significa que ese dinero no está garantizado para ejercicios futuros. Sin embargo, el pago de retribuciones es un gasto fijo y recurrente que debe estar consolidado en el presupuesto, es decir, asegurado año tras año. El modelo de financiación reconoce expresamente esta necesidad, pero la Junta no la está cumpliendo.
Complementos retributivos sin financiación completa
Las universidades también critican que el Gobierno andaluz no ha transferido suficiente dinero para cubrir los acuerdos suscritos en Sevilla y Jaén por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación y por el presidente de la Junta respectivamente. Estos acuerdos establecían la creación de nuevos complementos salariales para el profesorado y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios.
El problema es que la cantidad transferida ni siquiera cubre las cotizaciones sociales derivadas de estos complementos, unos costes elevados que las universidades deben asumir con sus propios recursos. Esta situación agrava aún más la presión sobre unas arcas ya tensionadas por lo que denominan una «infrafinanciación crónica».
Autorización tardía de los remanentes
Otro motivo de queja es la gestión de los 20 millones de euros procedentes de los remanentes no afectados de las universidades, una cantidad prevista anualmente. La autorización para gastar este dinero llega siempre a última hora: en 2024 se recibió en diciembre, casi al cierre del ejercicio, y para 2025 todavía no ha llegado, a pocos días de que finalice el año.
Esta demora hace prácticamente imposible utilizar de forma efectiva estos fondos, que además las universidades consideran insuficientes como plan plurianual de infraestructuras. «Es una práctica poco compatible con la buena gestión de los recursos públicos», señala el comunicado.
Reclaman la partida de nivelación
Las universidades valoran positivamente la activación este año de la partida de nivelación, un fondo diseñado específicamente para corregir de forma progresiva las desigualdades históricas en la financiación entre las distintas universidades públicas andaluzas. Sin embargo, critican que su dotación económica resulta claramente insuficiente y que no tiene carácter consolidado, lo que limita gravemente su eficacia.
Exigen que la Junta garantice la consolidación de esta partida en el tiempo y una dotación económica suficiente, con criterios objetivos, transparentes y estables, para avanzar hacia un sistema universitario público cohesionado, equilibrado y verdaderamente equitativo.
Incumplimiento de la ley estatal
La reivindicación más importante de las universidades públicas andaluzas es el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en marzo de 2023. Esta ley establece la obligación de garantizar una financiación basal suficiente que cubra, al menos, los gastos de personal, los gastos corrientes y las inversiones necesarias para el funcionamiento adecuado de las universidades y para el cumplimiento de sus funciones.
El artículo 55 de esta ley es especialmente claro al respecto. Su incumplimiento, advierten las universidades, sitúa al sistema universitario público andaluz en una posición de clara vulnerabilidad financiera y supone una contravención directa del marco normativo estatal vigente, de carácter básico y vinculante.
Los 16 millones desaparecidos
Por último, las universidades reclaman al presidente de la Junta que cumpla con el compromiso adquirido en sede universitaria de añadir 16 millones de euros adicionales destinados a sostenibilidad y digitalización. Esta partida, que se sumaba a las obligaciones del modelo de financiación y a los compromisos de Sevilla y Jaén, ahora ha desaparecido del reparto efectuado por la administración autonómica.
Un servicio estratégico en riesgo
El comunicado subraya que las universidades públicas prestan un servicio estratégico a la sociedad andaluza. En sus campus se forma en igualdad de oportunidades a las próximas generaciones y se produce nuevo conocimiento que después se transfiere a empresas e instituciones, multiplicando por cinco la inversión recibida. Todo ello, además, con plena transparencia y los máximos estándares de fiscalización y control por parte de los poderes públicos.
Las universidades advierten de que esta situación está debilitando de manera progresiva el sistema público universitario andaluz, «un pilar imprescindible para el progreso y la igualdad de oportunidades». Por ello, si persisten los incumplimientos del Gobierno andaluz, las diez universidades públicas de Andalucía defenderán el cumplimiento del modelo a través de las acciones legales que correspondan.