La Universidad de Cádiz ha dado un paso histórico en su organización interna: este lunes aprobó provisionalmente sus nuevos Estatutos —el documento que establece cómo funciona y se gobierna la institución— con un respaldo abrumador de su Claustro, el órgano de representación máxima de la comunidad universitaria. La votación arrojó 101 votos a favor y solo 9 en contra.
Con esta decisión, la Universidad de Cádiz se convierte en la primera institución universitaria de Andalucía en adaptar su normativa interna a dos leyes recién aprobadas: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023 a nivel nacional, y la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que entrará en vigor el próximo 26 de marzo. Ambas normas obligan a las universidades a actualizar sus estatutos: la LOSU fija como plazo límite abril de 2026, mientras que la LUPA da un margen máximo de tres años desde su entrada en vigor.
Los estatutos anteriores llevaban vigentes desde 2003 y habían sido modificados por última vez en 2017, por lo que la actualización era una deuda pendiente desde hacía casi una década. El nuevo texto consta de 198 artículos, nueve disposiciones adicionales, nueve transitorias, una disposición derogatoria y dos finales.
Entre las principales novedades, el documento introduce un modelo de gestión interna más ágil y moderno, que refuerza la autonomía de los distintos campus de la universidad —Cádiz, Jerez, Algeciras y Puerto Real— y facilita la adaptación de la institución a los cambios del entorno educativo. También mejora el sistema de elecciones internas, estableciendo fechas fijas para los procesos electorales, algo que hasta ahora generaba incertidumbre en la planificación del calendario académico.
La redacción del texto fue un proceso largo y participativo. Arrancó en febrero de 2024 con la creación de una comisión específica para redactarlo. A partir de diciembre de ese año se elaboró un borrador que recogió más de 154 propuestas enviadas por distintos colectivos de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes y personal administrativo. El borrador se debatió además en siete asambleas informativas celebradas en los cuatro campus.
Posteriormente, el texto se abrió a exposición pública para que cualquier ciudadano pudiera presentar alegaciones, es decir, sugerencias o correcciones formales. Las aportaciones recibidas permitieron revisar y mejorar más del 30% del contenido final, lo que da una idea del calado de la participación ciudadana en el proceso.
Ahora, el texto aprobado provisionalmente comenzará su recorrido institucional. Primero será enviado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y al Órgano Consultivo Autonómico —una especie de consejo de expertos jurídicos de la Junta— para que revisen que el documento no contradice ninguna ley vigente. Una vez superado ese filtro, el Claustro deberá ratificarlo en una votación definitiva. El último paso será su remisión al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su aprobación formal y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que es el diario oficial donde se publican todas las normas con validez legal en la comunidad.