El máximo órgano de representación de la Universidad de Granada (UGR) aprobó este lunes, por unanimidad absoluta, los nuevos estatutos que regirán el funcionamiento de la institución. El Claustro Universitario respaldó el texto en sesión extraordinaria con 179 votos a favor y ninguno en contra, cerrando así un proceso de reforma que comenzó el 15 de diciembre de 2023.
Los estatutos son la norma fundamental de una universidad: el equivalente a su constitución interna, donde se fijan sus principios, su estructura de gobierno y los derechos y deberes de quienes la integran. Los que estaban vigentes hasta ahora databan de 2011 y necesitaban actualizarse para adaptarse a los cambios legales producidos desde entonces, tanto a nivel estatal como autonómico.
Por qué era necesaria la reforma
En los últimos años, el marco legal que regula las universidades españolas ha cambiado de forma considerable. La aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), entre otras normas, obligaba a la UGR a revisar sus propias reglas internas para alinearlas con la nueva legislación en materias como transparencia, igualdad, convivencia o régimen administrativo.
Un proceso largo y participativo
Un proceso largo y participativoLa elaboración del nuevo texto implicó más de un centenar de reuniones de trabajo y la participación directa de más de medio centenar de personas, organizadas en varias comisiones: una Comisión Delegada del Claustro, una Ponencia, una Comisión Técnica y una Comisión Asesora con representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria.
Una de las novedades del proceso fue que el borrador inicial se sometió a consulta pública abierta a toda la comunidad universitaria. El texto recibió cerca de 4.000 visualizaciones en la web de la Secretaría General y 51 alegaciones, de las que 47 fueron consideradas válidas. Procedían del profesorado e investigadores, del personal de administración y servicios, de los estudiantes y del Consejo Social.
Tras esa fase, la Comisión Delegada aprobó el proyecto por unanimidad el 21 de abril de 2026. A continuación, los miembros del Claustro pudieron presentar enmiendas —propuestas de modificación al texto—, todas ellas parciales: ninguna cuestionó el conjunto de la reforma. El resultado final incorporó, total o parcialmente, 11 de esas propuestas de cambio.
Qué cambia con los nuevos estatutos
Los nuevos estatutos introducen novedades en varios ámbitos. En materia de gobernanza —es decir, en cómo se toman las decisiones y quién participa en ellas—, se garantiza que al menos el 25% de los representantes en los órganos correspondientes sean estudiantes y se reconoce un mayor peso al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). También se regula la elección de decanos y directores mediante sufragio universal ponderado y se establecen mecanismos para situaciones de ingobernabilidad.
En cuanto a los derechos de la comunidad universitaria, el texto incorpora medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, refuerza los principios de ética e integridad, y reconoce expresamente el derecho al paro académico de los estudiantes.
Los nuevos estatutos prestan también atención especial a los campus de Ceuta y Melilla, reforzando su singularidad y el apoyo institucional que reciben. Además, se incluyen referencias a la inteligencia artificial —con un llamado expreso al respeto del marco ético y legal en su uso—, a la ciencia abierta y a la cooperación al desarrollo.
Las palabras del rector
Las palabras del rectorEl rector de la UGR, Pedro Mercado, agradeció el trabajo de todos los implicados en el proceso y destacó que el objetivo no era solo abrir un proceso participativo, sino construir «un verdadero proceso deliberativo, basado en el análisis, el intercambio de posiciones y la búsqueda de acuerdos». Subrayó especialmente el carácter abierto de esta reforma al someter por primera vez el borrador a consulta pública.
Con esta aprobación, la Universidad de Granada concluye una de las reformas institucionales más relevantes de los últimos años y estrena un marco normativo renovado con el que afrontar los retos de la universidad pública del siglo XXI.