La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, confía en resolver sin acudir a los tribunales las diferencias de criterio surgidas con la Junta de Andalucía sobre el modelo de financiación. Pese a las discrepancias en la interpretación del acuerdo alcanzado entre las universidades públicas andaluzas y el gobierno regional, Vargas ha valorado positivamente contar con un sistema de financiación establecido, algo de lo que no disponen todas las comunidades autónomas.
La rectora ha presentado estas declaraciones en su primer desayuno informativo con la prensa tras asumir el cargo, celebrado en el Palacio de San Telmo. Durante el encuentro, Vargas desgranó las principales líneas de actuación de su equipo para los próximos años.
Más autofinanciación y menos dependencia pública
Una de las prioridades del rectorado pasa por aumentar la parte del presupuesto que no depende directamente de las arcas públicas. Actualmente, la US destina el 28% de su presupuesto a autofinanciación, pero el objetivo es alcanzar el 35% en 2032. De un presupuesto global que supera los 620 millones de euros, 480 proceden exclusivamente de la Junta de Andalucía.
Para conseguir esta mayor diversificación financiera, la universidad creará una oficina específica de captación de proyectos. Este nuevo organismo se centrará en conseguir fondos para infraestructuras, sostenibilidad y digitalización. Según Vargas, esta estrategia busca garantizar que la financiación sea sostenible en el tiempo y no dependa exclusivamente de una única fuente.
Preguntada por la situación de la deuda de la institución, la rectora prefirió no ofrecer datos concretos. Argumentó que el ejercicio económico de 2025 aún no está cerrado y que la universidad carece actualmente de gerente, por lo que resulta prematuro hacer valoraciones sobre las cuentas.
Rechazo al interventor externo de la nueva ley
La aprobación de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) en el Parlamento andaluz ha generado controversia en el sector académico. Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, llegó a afirmar que la norma «bordeaba lo inconstitucional».
Vargas se mostró especialmente crítica con la figura del interventor externo que contempla la ley. Esta medida, según explicó, no gusta a las universidades porque ya cuentan con mecanismos de control interno y auditorías que se realizan anualmente junto con las liquidaciones presupuestarias. La rectora considera innecesario añadir otra capa de supervisión externa cuando ya existen controles efectivos.
No obstante, aseguró que las universidades cumplirán estrictamente lo establecido en la ley. Entre los aspectos positivos de la LUPA destacó el apoyo a la internacionalización y que quede recogida de forma expresa la bonificación de las matrículas universitarias.
Plan de choque para el profesorado
Para el Personal Docente e Investigador (PDI), Carmen Vargas ha anunciado la aprobación inmediata de un plan de choque destinado a reducir la carga administrativa que soportan los profesores. Esta medida busca que el personal académico pueda dedicar más tiempo a la docencia y la investigación, sus funciones principales.
En cuanto a los estudiantes, el rectorado trabajará en desarrollar un reglamento provisional de evaluación compensatoria, aunque Vargas utilizó un tono más cauteloso al referirse a esta iniciativa, empleando el «vamos a intentar» que denota las dificultades que puede entrañar su implementación.
Teletrabajo y semana de cuatro días, próximos objetivos
La US implantará este mismo 2026 una jornada de teletrabajo para el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS). Esta medida supone un importante cambio en la organización laboral de la universidad y responde a las demandas del personal de administración.
Posteriormente, la institución abordará la posibilidad de establecer una semana laboral de cuatro días, siguiendo el camino que ya está negociando la Universidad de Granada. Vargas defendió el teletrabajo argumentando que «ayuda a la convivencia, incrementa la productividad y puede traer mayor calidad» al trabajo desarrollado.
El modelo de teletrabajo se vinculará a un sistema de gestión por objetivos, es decir, los trabajadores deberán cumplir metas específicas independientemente del lugar desde donde trabajen. La universidad determinará qué unidades administrativas podrán acogerse a esta modalidad, y serán esas propias unidades las que fijarán el día de teletrabajo con flexibilidad, adaptándose a sus necesidades particulares.
La rectora calificó el teletrabajo como «una línea estratégica» y adelantó que ya cuentan con un primer borrador del plan que lo regulará.
Un plan integral para el Campus de Cartuja
Carmen Vargas anunció que presentará al Ayuntamiento de Sevilla un plan específico para el Campus de Cartuja con el objetivo de dotarlo de una imagen e identidad propias. La rectora identificó un problema: «Allí hay una masa crítica muy grande pero no tiene identidad propia».
El plan que se negociará con el alcalde José Luis Sanz incluirá peticiones concretas de mejora urbana: más transporte público, carril bici, zonas verdes y señalización. Estas actuaciones buscan mejorar la conectividad del campus y hacerlo más accesible y agradable para la comunidad universitaria.
Infraestructuras: rehabilitación y nuevos proyectos
En materia de infraestructuras, la rectora confirmó su intención de aprobar un plan plurianual con una planificación estructurada para los próximos seis años. Los compromisos ya adquiridos con centros como las facultades de Farmacia, Agronómica y Medicina se mantendrán.
La US apostará especialmente por la rehabilitación y el mantenimiento de sus edificios existentes, una labor necesaria dado el envejecimiento de muchas instalaciones. Como hito cultural, la sala cero del Museo de la US se inaugurará durante el verano de este año.
Viviendas asequibles en terrenos universitarios
Por último, Vargas informó del diseño de un plan para ceder terrenos propiedad de la universidad destinados a construir viviendas asequibles. Estos proyectos se financiarán mediante créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una entidad pública que ofrece líneas de financiación ventajosas.
Los terrenos cedidos se encuentran en Montequinto y junto al Hospital Virgen del Rocío, dos ubicaciones estratégicas en la ciudad. Esta iniciativa se complementa con el incremento de las cuantías de las becas para colectivos vulnerables.
La rectora confía además en que la aplicación de la LUPA se concrete en un plan de ayudas específico para facilitar el acceso a la vivienda a los estudiantes universitarios, uno de los problemas más acuciantes que enfrentan actualmente los jóvenes que cursan estudios superiores.