La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) presentó este lunes en Madrid la decimoquinta edición de su informe anual «La Universidad Española en Cifras», un extenso análisis que radiografía el estado del sistema universitario del país durante 2023 y el curso académico 2023-2024.
El documento, presentado en la Fundación Mapfre, compara el sistema español con el de otros países de la Unión Europea y la OCDE —la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a 38 países desarrollados—, y arroja conclusiones tanto positivas como preocupantes sobre el futuro de la educación superior en España.
Eva Alcón Soler, presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, destacó durante la presentación que «disponer de formación universitaria es una inversión excelente» y subrayó que el informe constituye «un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con la sociedad». Junto a ella estuvieron el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, y el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte.
Titulados universitarios, más protegidos ante el paro
Una de las principales conclusiones del estudio es la fuerte protección que ofrece la educación universitaria frente al desempleo. Los datos muestran que los titulados españoles reducen su tasa de paro de manera mucho más significativa que la media europea y de los países de la OCDE.
Entre adultos de 25 a 64 años con estudios de Grado, la diferencia es notable: mientras que en España la tasa de desempleo se reduce en 7,3 puntos porcentuales al tener un título universitario, en la OCDE esa reducción es de apenas 3,6 puntos y en la UE-23 (los 23 países de la Unión que facilitan estos datos comparables) de 3,7 puntos.
Entre los jóvenes de 25 a 34 años, la ventaja es igualmente clara: 5,7 puntos de reducción en España frente a 2,0 en la OCDE y 2,4 en la UE-23. Sin embargo, Alcón advirtió que «todavía queda espacio para mejorar», ya que el 17,5% de las personas con titulación superior trabajan con contrato a tiempo parcial durante todo el año —cifra que se eleva al 21% en el caso de las mujeres—, mientras que en la OCDE esta cifra es del 8,3%. Estos datos reflejan la persistente precariedad del mercado laboral español.
Excelencia científica con recursos limitados
Excelencia científica con recursos limitadosLa segunda gran conclusión del informe se refiere a la calidad de la producción científica. Según los datos presentados, el índice normalizado de calidad de la actividad científica del sistema universitario español se sitúa a niveles similares a los de potencias como Estados Unidos, Alemania y Francia.
Lo más destacable es que estos resultados se logran en un contexto de inversión claramente inferior. Aunque España ha alcanzado su récord histórico de gasto en I+D —investigación y desarrollo—, este sigue estando un 34% por debajo de la media de la UE-27 y de la OCDE. Es decir, las universidades españolas producen ciencia de calidad comparable a la de los países más avanzados, pero con un tercio menos de recursos económicos.
El talón de Aquiles: la financiación pública
El tercer aspecto crítico señalado por la presidenta de CRUE fue la financiación del sistema universitario. Los números son contundentes: durante la última década, la aportación de recursos públicos al sistema universitario español ha sido inferior en un 21% a los valores medios de la OCDE y en un 26% a los de la UE-23.
Alcón calificó esta diferencia de «enorme y estructural», es decir, no se trata de un problema puntual sino de una carencia crónica que arrastra el sistema desde hace años. Esta falta de inversión tiene consecuencias directas en la calidad de los servicios que pueden ofrecer las universidades.
Un ejemplo concreto de estas carencias es la insuficiente oferta pública de alojamiento universitario. Según el informe, esta limitación «está condicionando la igualdad real de oportunidades», ya que obliga a muchas familias a recurrir al mercado privado de alquiler, especialmente tensionado en las ciudades universitarias y con precios cada vez más elevados, lo que dificulta el acceso a la educación superior para estudiantes de familias con menos recursos económicos.
El informe fue elaborado por Juan Hernández Armenteros, de la Universidad de Jaén, y José Antonio Pérez García, de la Universitat Politècnica de València, con la colaboración de los equipos de datos de todas las universidades españolas.