La futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) promovida por el Ministerio de Universidades asegurará la inclusión del catalán, euskera y gallego en el programa Erasmus, así como otros programas de movilidad que cuenten con financiación pública. Esta es una de las novedades incluidas en el texto de la próxima Ley de Universidades, aún en trámite, tras la aprobación del actual documento en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados celebrada el pasado martes, 13 de diciembre.
Ante esta modificación, desde ERC han celebrado que el texto asegure que el estudiantado “conozca en qué lengua se va a cursar la materia y que se fomente el catalán en programas como Erasmus+”, así como que reconozca por primera vez el derecho al paro académico que permitirá que los alumnos “puedan defender sus derechos con más libertad”. En este sentido, “queríamos asegurar que el estudiantado ganaba derechos con esta ley”, ha apuntado la diputada del Grupo Republicano Marta Rosique; quien ha lamentado por otra parte que no se haya admitido la propuesta de su formación para que el Rey “no siga firmando los títulos universitarios”.
En la misma línea, la diputada de EAJ-PNV Josune Gorospe ha destacado que “gran parte” de las enmiendas de su formación “han sido incorporadas”. Además, ha hecho referencia a que el nuevo texto de la LOSU refuerza las funciones de las agencias de evaluación de las comunidades autónomas; señalando también la promoción de las lenguas oficiales de los territorios, “con un fomento del idioma propio de las comunidades autónomas”; o que se refuerce la cooperación transfronteriza para las CCAA partícipes en euroregiones.
Más peso de las autonomías en la LOSU
En cuanto a las becas y ayudas, Gorospe ha mencionado que “se elimina la referencia expresa a que el Estado era el garante a la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad, así como la capacidad de las comunidades autónomas para contribuir a establecer un sistema de ayudas y becas que ayuden a las personas que más dificultades tienen”. Con estas modificaciones, también se “blinda” el mantenimiento de la autonomía universitaria y se incorpora una disposición adicional para que personas sin titulación universitaria puedan acceder a la formación permanente acreditando su experiencia profesional.
Por otro lado, aunque el BNG no ha apoyado el texto de la nueva Ley, el diputado Néstor Rego ha aplaudido que se haya admitido en la LOSU la enmienda que limitaba los contratos del personal docente e investigador a tres años, “un paso importante e insuficiente”, señala. Cambios que sí ha celebrado en lo relativo a la incorporación de las lenguas co-oficiales “de forma clara” en el sistema universitario.
Por el contrario, para el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas, este proyecto de Ley es una “oportunidad perdida”. El motivo, señala, es que “nos parece insuficiente” y “la Universidad no puede ser cortijo de opciones políticas. El Gobierno no ha movido un dedo para garantizar la neutralidad de los espacios universitarios”.
Por último, EH-Bildu ha criticado que la financiación “se debía mejorar”, subrayando que “hasta el último minuto no ha habido una redacción mínimamente aceptable”.
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