Tras la polémica suscitada por el Real Decreto 28/2018 en el cual se señalaba la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a todos los estudiantes en formación, independientemente del tipo de prácticas que se estuvieran realizando, el Gobierno ha anunciado que no se aplicará la norma hasta el curso 2019/2020, es decir el curso que viene.
Tras la reunión mantenida entre el Gobierno y la Conferencia de Rectores (CRUE Universidades Españolas) se ha llegado al acuerdo de no iniciar las altas hasta el curso que viene, añadiendo además que estás no estarán al cargo de los presupuestos de las universidades. Es así como desde la CRUE Universidades Españolas se «valora muy positivamente la declaración expresa del Gobierno de trabajar para que los estudiantes ganen en derechos de protección social y para evitar que las universidades soporten gastos añadidos por la aplicación de esta normativa».
Por su parte, desde el el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se ha expuesto la intención del Gobierno de «construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo único de favorecer la actividad académica de universidades y estudiantes«. De esta forma, las universidades no tendrán que soportar los gastos añadidos por las altas en la Seguridad Social, manteniendo a la vez la protección de los estudiantes a nivel laboral. Con anterioridad a la publicación de esta nueva norma, la inclusión de las prácticas externas en la Seguridad Social estaba condicionada a su remuneración.
El choque entre Gobierno y representantes académicos surgió por la aparición de la legislación sin previa consulta a estos últimos, lo que se tradujo en protestas por la falta de diálogo. Para evitar que se repita esta situación, desde el Ministerio mantendrá una nueva reunión con la CRUE Universidades Españolas tras la publicación del informe sobre prácticas que esta debe presentar al Gobierno.