La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha pedido al Gobierno y a los partidos políticos que pausen la tramitación parlamentaria del llamado Estatuto del Becario hasta que se abra un diálogo real con las universidades y se garantice cómo se va a pagar todo lo que la norma exige. El comunicado, fechado el 4 de marzo de 2026, llega un día después de que el Consejo de Ministros aprobara en segunda vuelta el anteproyecto de ley.
El Estatuto del Becario —cuyo nombre oficial es Estatuto de las personas en formación práctica no laboral— regula las condiciones en las que los estudiantes universitarios realizan sus prácticas en empresas e instituciones. Se trata de una de las etapas más importantes en la formación de cualquier universitario: el período en que, mientras siguen matriculados, trabajan en un entorno profesional real vinculado a su carrera.
La CRUE no se opone a la existencia de esta norma ni a la idea de mejorar los derechos de los estudiantes en prácticas. De hecho, reconoce avances concretos en el texto, como la mejora de la supervisión por parte de los tutores profesionales, la protección frente a riesgos laborales o el reconocimiento de derechos cuando el estudiante está enfermo o tiene que atender responsabilidades familiares.
El problema, según los rectores, es el dinero. Más del 40% de las prácticas universitarias se realizan en organismos públicos —hospitales, colegios, ministerios— que ya tienen dificultades para cubrir los costes actuales. Si la ley obliga a compensar económicamente a los estudiantes sin dejar claro de dónde sale ese dinero, muchas de esas entidades podrían simplemente dejar de ofrecer plazas. El resultado sería justo el contrario al buscado: menos oportunidades para los estudiantes, no más.
La CRUE alerta de que ese coste no puede recaer sobre las propias universidades ni traducirse en una subida de las matrículas, porque eso perjudicaría especialmente a los estudiantes con menos recursos económicos y agravaría las desigualdades entre instituciones.
Hay también una cuestión de competencias. Los rectores recuerdan que la regulación de las prácticas académicas es un asunto universitario, que corresponde gestionar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a las propias universidades. Sin embargo, estas no han formado parte de la Mesa de diálogo social donde se ha negociado el texto, lo que consideran un error de procedimiento que debe corregirse.
La CRUE pide que, durante el debate parlamentario que viene, se tengan en cuenta las propuestas técnicas que sus órganos ya han formulado. El objetivo, insisten, es compartido: que los estudiantes en prácticas tengan mejores condiciones. Pero solo será posible alcanzarlo si la ley respeta las competencias académicas y viene acompañada de una financiación pública real y suficiente.