El Informe CYD 2025 ha revelado que España continúa invirtiendo menos en sus universidades públicas que la media europea, una situación que se traduce en desigualdades significativas según la comunidad autónoma donde estudie cada alumno.
Los datos son claros: en 2022, España gastó 18.369 dólares por cada estudiante universitario, casi un 20% menos que el promedio de los países de la OCDE y un 14,5% por debajo de la media de la Unión Europea. Esta brecha refleja un problema estructural en el sistema universitario español que persiste año tras año.
El sector público aporta menos que en otros países europeos
Del gasto total destinado a las universidades españolas, solo el 65,9% proviene de fondos públicos. Esta cifra contrasta con el 68% de la OCDE y, especialmente, con el 75,8% de la Unión Europea. La consecuencia directa de esta menor inversión pública es que las familias españolas deben hacer un esfuerzo económico mayor: aportan casi un 32% del gasto total, frente al 19,5% en la UE.
Aunque el gasto público ha aumentado ligeramente en los últimos años hasta alcanzar el 0,75% del PIB en 2022, todavía está lejos de los niveles previos a la crisis económica. De hecho, los presupuestos universitarios de 2023, una vez descontada la inflación, siguen siendo un 10% inferiores a los de 2009.
El objetivo del 1% del PIB sigue lejano
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) estableció como meta llegar al 1% del PIB en gasto público universitario para 2030. Montse Álvarez, autora del informe, explica que alcanzar este objetivo «exige planificación, consenso y mecanismos efectivos de seguimiento». Para lograrlo, en 2024 se creó una comisión de trabajo que reúne al Ministerio, las comunidades autónomas, representantes universitarios, sindicatos y estudiantes.
La mayor parte del gasto universitario se concentra en personal, que absorbe el 64,6% del presupuesto. Le siguen las inversiones en infraestructuras y equipamiento (19,2%) y los gastos en bienes y servicios (12,6%). Entre 2015 y 2023, los gastos de personal aumentaron un 31,3%, mientras que las inversiones en infraestructuras crecieron un 56,3%.
Grandes diferencias entre comunidades autónomas
Una de las conclusiones más preocupantes del informe es la enorme disparidad en la financiación según el territorio. Más del 80% de las transferencias que reciben las universidades públicas provienen de sus respectivas comunidades autónomas, lo que genera diferencias de más de 4.000 euros por alumno entre unas regiones y otras.
En Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, las transferencias públicas superan los 10.000 euros por estudiante. En el extremo opuesto, Madrid registra la cifra más baja de España con 6.975 euros por alumno, seguida de Extremadura, Andalucía y Cataluña.
Sin embargo, para hacer una comparación justa entre territorios, es necesario considerar la riqueza de cada región. Al relacionar la financiación universitaria con el PIB per cápita regional, Madrid muestra el menor esfuerzo relativo con solo un 16,3%, seguida de Cataluña (23,5%) y Baleares (26,7%). Por el contrario, las comunidades que realizan un mayor esfuerzo económico en relación con su capacidad son Cantabria (41,2%), la Comunidad Valenciana (38,1%) y Andalucía (36%).
Las familias pagan tasas muy diferentes según dónde estudien
Las diferencias territoriales también afectan directamente al bolsillo de los estudiantes y sus familias. Aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos por tasas universitarias provienen de las aportaciones de las familias a través de los precios públicos.
En Galicia, donde las tasas son más reducidas, cada alumno paga de media 1.061 euros, mientras que en Madrid esta cifra casi se duplica hasta los 2.052 euros. Tras Galicia, las comunidades con tasas más bajas son Baleares, Asturias y País Vasco. En el lado opuesto, además de Madrid, destacan Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana con las tasas más elevadas.
Al analizar el esfuerzo económico que esto representa para las familias en relación con su capacidad económica, encontramos que en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria supera el 6% del PIB per cápita regional, mientras que en País Vasco, Baleares y Galicia no llega al 4%.
Un modelo que necesita modernizarse
El informe CYD constata que el sistema universitario español sigue dependiendo excesivamente de las decisiones de cada comunidad autónoma, lo que dificulta establecer políticas coordinadas y garantizar la equidad entre territorios.
Montse Álvarez señala que «el esfuerzo en inversión debe acompañarse de un nuevo modelo de financiación más estable, diversificado y orientado a resultados». Según la autora, este modelo debería combinar una mayor inversión pública con colaboración estratégica del sector privado, vinculando parte de los recursos a objetivos verificables en áreas como investigación, transferencia de conocimiento o inserción laboral de los graduados.
El informe concluye que solo mediante un marco de financiación suficiente, equitativo y eficiente se podrá consolidar una universidad pública de calidad, capaz de formar talento, generar conocimiento y actuar como motor de innovación y desarrollo económico sostenible para el país.