DeEl Consejo Andaluz de Universidades (CAU), el órgano que coordina la política universitaria entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas de la comunidad, aprobó este jueves un reparto extraordinario de 37,5 millones de euros para el ejercicio de 2026. El dinero está destinado principalmente a saldar deudas pendientes con los trabajadores de estas instituciones.
Una parte de esos fondos irá a cubrir los complementos autonómicos que se deben al Personal Docente e Investigador (PDI), es decir, los profesores e investigadores universitarios. Estos complementos son retribuciones adicionales al sueldo base que la Junta de Andalucía tiene la obligación de abonar y que hasta ahora no se habían pagado en su totalidad.
Otro tramo del reparto contempla el pago del 50% del quinto tramo del complemento de productividad correspondiente a 2024 para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que son los trabajadores administrativos y de servicios de las universidades. El resto del paquete incluye los 16 millones de euros que el presidente de la Junta de Andalucía anunció durante la apertura del curso académico 2025-2026 como partida consolidable, lo que significa que se incorporará de forma permanente a la financiación futura.
Junto a la inyección económica, el CAU acordó poner en marcha una auditoría conjunta entre las universidades y la administración autonómica. El objetivo es calcular con precisión cuánto dinero le corresponde a cada universidad en virtud de la llamada cláusula de salvaguarda, un mecanismo del modelo de financiación que garantiza que ninguna institución reciba menos dinero del que necesita para cubrir sus costes reales de personal. Las universidades exigen que esa auditoría esté terminada antes de julio para que sus conclusiones puedan aplicarse aún dentro de este año.
Las universidades públicas andaluzas han valorado positivamente el acuerdo, aunque han dejado claro que la situación no queda completamente resuelta. En un comunicado conjunto, señalan que todavía están pendientes de cobro las cantidades que la Junta adeuda del ejercicio de 2025, y exigen que se continúe negociando para que se cumplan íntegramente los acuerdos de financiación firmados.
En definitiva, el acuerdo de hoy supone un avance parcial en una disputa que arrastra ya varios años: las universidades públicas andaluzas llevan tiempo reclamando que la Junta de Andalucía cumpla en su totalidad con el modelo de financiación vigente, que regula cuánto dinero debe recibir cada institución para garantizar su funcionamiento. Mientras ese cumplimiento no sea completo, advierten, el sistema universitario público andaluz seguirá funcionando con recursos insuficientes.