La Universidad de Jaén acoge este 5 y 6 de marzo la primera reunión formal del Grupo de Trabajo de Contratación y Patrimonio de CRUE-Gerencias, un nuevo foro en el que participan responsables administrativos de 30 universidades públicas españolas. El objetivo es compartir experiencias y construir una red de colaboración que ayude a estas instituciones a navegar juntas la creciente complejidad de las normas que regulan la contratación pública.
CRUE es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, el organismo que agrupa a las principales instituciones universitarias del país. Su sección de Gerencias reúne a los responsables de la gestión administrativa y económica de cada universidad, es decir, quienes se encargan de que el día a día funcione más allá de las aulas.
El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, inauguró la jornada destacando que la alta participación demuestra que crear este espacio «era una necesidad más que evidente». Ruiz subrayó que el buen funcionamiento de una universidad no depende solo de sus laboratorios o sus clases, sino también de la calidad de su gestión administrativa. El grupo, que lidera la propia UJA a través de su gerente Alfonso Cruz, nace con una idea central: que «ninguna universidad tenga que caminar sola ante la complejidad normativa».
La iniciativa tiene tres metas concretas: intercambiar buenas prácticas entre universidades, facilitar el relevo generacional del personal administrativo mediante la transferencia de conocimiento, y diseñar programas de formación alineados con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el organismo estatal encargado de formar a los funcionarios públicos.
Más allá de la formación y la colaboración, el encuentro ha servido también para poner en valor el peso económico real de las universidades públicas. Alfonso Cruz y Antonio Porcuna, jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio de la UJA, recordaron que estas instituciones destinan cada año más de 1.400 millones de euros a la compra de bienes y servicios: desde material de laboratorio hasta servicios de mantenimiento o tecnología. Se trata de una cifra que tiene un impacto directo y continuo sobre empresas locales y nacionales.
A eso se suma el valor del patrimonio que gestionan. Los activos de las universidades públicas —edificios históricos, campus modernos e infraestructuras científicas— superan en conjunto los 25.000 millones de euros. «No solo mantenemos edificios: custodiamos infraestructuras críticas para el futuro de la innovación en España», afirmó Cruz.
Las jornadas incluyen ponencias de expertos en materia de contratación pública, entre ellos Concepción Campos Acuña, Alberto Robles Calvo —que abordará el uso de inteligencia artificial generativa en los procesos de compra pública—, Charo Delgado Fernández, de la Universidad Complutense de Madrid, y Mª del Pilar Batet Jiménez, de la Universidad Jaume I.
El fin último de todo este esfuerzo es que las universidades españolas sean más ágiles, transparentes y eficientes en el uso del dinero público, para que cada euro invertido se traduzca en mejor educación y mayor capacidad de investigación para la sociedad.