Las universidades españolas han aprobado un comunicado conjunto en el que exigen al Gobierno más financiación pública, menos trámites burocráticos y la creación de un sistema estable de reconocimiento para los investigadores que transfieren conocimiento a la sociedad. El documento se aprobó durante las XXXI Jornadas de Investigación celebradas en Vigo entre el 18 y el 20 de noviembre.
Las instituciones universitarias, que representan el 75% de la investigación que se realiza en España, han expresado su preocupación por el futuro de la ciencia en el país y reclaman un compromiso firme de las administraciones públicas. El comunicado ha sido respaldado por los vicerrectores de investigación de las 77 universidades que forman parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, conocida como CRUE.
El sexenio de transferencia, en el aire
Una de las principales peticiones es que el Gobierno establezca de manera urgente una convocatoria estable del llamado sexenio de transferencia. Este mecanismo serviría para evaluar y reconocer el trabajo de los investigadores que dedican parte de su tiempo a transferir conocimiento a empresas y la sociedad, no solo a publicar artículos científicos.
Actualmente, los profesores universitarios reciben complementos salariales por sus sexenios de investigación, que se conceden cada seis años si demuestran que han publicado trabajos científicos de calidad. Sin embargo, la transferencia de conocimiento, que incluye colaboraciones con empresas, patentes o creación de empresas derivadas de la investigación, no cuenta con un sistema de reconocimiento similar y estable.
En 2018 se realizó una convocatoria piloto de este sexenio de transferencia, pero desde entonces el sistema universitario sigue esperando que se convierta en algo permanente. Las universidades confían en que este instrumento funcione como incentivo para que más investigadores orienten su trabajo hacia la aplicación práctica del conocimiento, tal como ocurrió cuando se creó el sexenio de investigación, que ayudó a España a mejorar su posición en la producción científica mundial.
Preocupación por el fin de los fondos europeos
El segundo gran motivo de alarma es la financiación de la investigación. Durante los últimos años, los fondos Next Generation de la Unión Europea han permitido un incremento significativo del dinero destinado a ciencia. Sin embargo, estos fondos extraordinarios están llegando a su fin y las universidades temen que no haya recursos suficientes para continuar con muchas líneas de investigación en marcha.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2024 muestran que el gasto en investigación y desarrollo de las administraciones públicas y universidades alcanzó el 0,64% del Producto Interior Bruto. Esta cifra está muy por debajo del objetivo que el Ministerio de Ciencia e Innovación se había comprometido a alcanzar: el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030.
Las universidades reclaman una financiación suficiente, estable y que se garantice durante varios años, no solo para un ejercicio presupuestario. Solo así, argumentan, se podrá asegurar la continuidad de las investigaciones estratégicas, evitar que el talento científico se marche a otros países y mantener la competitividad de las universidades españolas a nivel internacional.
El comunicado subraya que la inversión en ciencia no puede depender exclusivamente de fondos europeos, sino que debe ser una responsabilidad estructural tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Es decir, debe formar parte de las políticas públicas permanentes, no tratarse como algo excepcional que solo se financia cuando llega dinero de Europa.
La burocracia ahoga a los investigadores
El tercer gran problema que denuncia el documento es la excesiva carga administrativa que soportan tanto los investigadores como el personal que gestiona los proyectos científicos. Las universidades aseguran que la burocracia resta eficiencia, agota los recursos humanos disponibles y dificulta tanto la captación como la ejecución de fondos de investigación competitivos.
El sentimiento generalizado entre los responsables universitarios es que en los últimos diez años no se ha avanzado nada en la simplificación de trámites. Esta situación, además de ralentizar la investigación, afecta negativamente a la capacidad de atraer y retener talento científico, ya que muchos investigadores prefieren trabajar en países con sistemas más ágiles.
Las universidades piden avanzar hacia una gestión más ágil, digitalizada y orientada a resultados, basada en la confianza en lugar del control exhaustivo. El objetivo es que tanto investigadores como gestores puedan centrar sus esfuerzos en impulsar realmente la ciencia, en lugar de dedicar gran parte de su tiempo a rellenar formularios y justificar cada pequeño gasto.
Qué se debatió en las jornadas
Durante los tres días que duraron las jornadas, bajo la dirección de Julián Garde López-Brea, presidente de la sectorial de investigación de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, se abordaron diversos temas de actualidad científica. Entre ellos, el desarrollo y uso de investigaciones de «doble uso», es decir, aquellas que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares.
También se discutió sobre el nuevo Programa Marco de financiación europea, las estrategias para atraer talento investigador, la perspectiva de género en la investigación y transferencia, y los avances en CoARA, un acuerdo europeo para reformar la evaluación de la investigación.
Además del debate general, trabajaron las cinco redes temáticas que forman parte de la sectorial de investigación: RedOE (oficinas europeas), Rebiun (bibliotecas universitarias), RedOTC (oficinas de transferencia de conocimiento), RedUGI (unidades de gestión de investigación) y RedDivulga (divulgación científica). Cada una de estas redes abordó los temas específicos de su ámbito de trabajo.
Las universidades, motor de la ciencia española
El comunicado recuerda que las universidades no solo forman a los futuros científicos, sino que tienen un papel fundamental en la producción científica nacional y en la mejora de la competitividad empresarial mediante la colaboración en proyectos y la transferencia de conocimiento al sector privado.
Por ello, reclaman una política científica coordinada, transparente y estable, que tenga en cuenta la voz de las universidades como actores principales del sistema de ciencia y tecnología. Desde Vigo, las instituciones han reiterado su compromiso con una universidad al servicio de la sociedad e invitan a todas las administraciones a sumar esfuerzos para construir un ecosistema de investigación robusto, eficiente y sostenible.