San Sebastián ha sido la ciudad elegida para acoger este fin de semana la LIX edición de la Asamblea Ordinaria de la CREUP, donde han asistido unos 115 representantes de las universidades españolas. En esta ocasión la institución anfitriona ha sido en la Euskal Herriko Unibertsitatea.
Organizada dos veces al año, esta asamblea ha destacado por el nombramiento del nuevo presidente, Francisco J. Jiménez, de la Universidad Politécnica de Cartagena. El proceso electoral enfrentaba a las candidaturas de Jiménez y Julia Herrera, procedente de la Universidad Politécnica de Madrid, para sustituir en el cargo a Gorka Martín. Julia Herrera concurrió al cargo bajo el eslogan “Por una CREUP que defienda la Universidad que merecemos”, mientras que Jiménez se presentó sus ideas bajo la premia “Construyendo representación estudiantil” obteniendo la mayoría absoluta en la primera vuelta. Entre los nuevos nombramientos también destaca el de la vicepresidenta de política universitaria, Carmen Romero, quien a su vez es presidenta de la Delegación Central de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid.
Tal y como expresa Jorge Contreras, coordinador de la DGE de Granada “se hablo con ambas candidaturas y los dos delegados que asistimos por Granada consensuamos la intención de voto que emitimos. Es un voto secreto y creemos que ambas candidaturas llevaban muy buenos programas y grandes personas en su equipo. Ambos llevaban un programa que centraba su discurso en la lucha por la educación pública y tenían una apuesta por demandar que se tuviese en cuenta a los estudiantes como centro de la gestión universitaria. Ambas candidaturas llevaban equipos muy potentes de compañeros que han hecho mucho por la universidad española”.
El encuentro ha estado también marcado por la integración de tres nuevos miembros; la Universidad de Gerona, el Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicaciones (CEET) y la Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de la Edificación (ASAT), sumando así 35 universidades públicas presentes en el organismo. :
Entre los principales puntos tratados y aprobados para su apoyo, la LIX Asamblea de la CREUP se ha posicionado a favor del escrito dirigido por las Universidades Públicas Madrileñas contra la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES). En un documento presentado por representantes de estudiantes de la Universidades de Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y la Rey Juan Carlos se solicita a la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) la paralización del proceso de desarrollo de la anteproyecto de Ley sobre universidad alegando que “no cuenta con el respaldo de la comunidad universitaria” ni ha sido “consensuada con los representantes”. Preguntado al respecto, Gorka Martín, presidente en funciones de la CREUP, ha manifestado el apoyo a sus compañeros madrileños subrayando a su vez que se trata de “un paso muy importante que afecta a la privatización de las universidades” por lo que desde la CREUP se respalda el comunicado completo.
Este escrito sostiene entre otro puntos, una crítica directa al sistema de financiación de las universidades madrileñas, esgrimiendo que “no define con claridad la financiación básica”. En esta línea también subraya cómo la financiación variable se encuentra supeditada al Cumplimiento de Contratos Programa y de convocatorias públicas de competitividad definidos por los criterios del gobierno de la CAM, lo que afectaría de lleno a la autonomía universitaria. De esta forma, los representantes estudiantiles manifiestan la necesidad “imprescindible” de que sea la Comunidad Universitaria, a través de su Consejo, quienes aprueben los criterios de financiación y no se hagan de forma a externa a ella.
En otro orden, la LEMES también señala la separación entre la Docencia y la investigación, que por los criterios que señala el documento “supone un grave perjuicio sobre la calidad de la enseñanza y se debía del sendero marcado por las mejores universidades”. Finalmente, también se hace una crítica a la “paupérrima” representación estudiantil.
Torralba defiende el LEMES ante las críticas de los estudiantes
Ante la postura tomada por el CREUP, el director General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, José Manuel Torralba, ha señalado que “el modelo de financiación que se propone en el borrador de articulado, está totalmente alineado con los modelos que imperan hoy en día en nuestro entorno europeo. No solo eso, sino que ya existen comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Andaluza, con tramos de financiación vinculados a indicadores”. Así ha destacado cómo el pasado 31 de marzo se celebró en el Campus de Segovia de la IE University un seminario sobre “Reformas urgentes del Sistema Universitario español”, organizado conjuntamente por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la propia Universidad. En él participaron más de 30 personas relacionadas con el mundo universitario, tanto expertos académicos, rectores como diferentes cargos políticos relacionados con la universidad y representantes de partidos políticos. Esta reunión sirvió para construir una lista de propuestas, entre las que destacan el diseño del modelo marco de financiación– el último de los “Informes sobre la financiación universitaria” aprobado por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria en abril de 2010 ha caído en el olvido desde el inicio de la crisis-, la señalización de objetivos y criterios como garantizar la suficiencia financiera de las universidades públicas y la propuesta de ligar la financiación universitaria a variables relacionadas con la actividad y los resultados de las universidades y orientarla a reconocer y generar estímulos eficaces para la mejora de la eficiencia, los rendimientos y la calidad institucional.
De esta forma, el director General de Universidades Madrileñas ha querido destacar que “la argumentación del escrito de los estudiantes no solo es contraria a algo en lo que están de acuerdo todos los expertos universitarios, y que es hoy un consenso muy extendido, sino en contra de los dos informes más importantes que se han hecho en los últimos años sobre financiación de universidades públicas”. Así ha manifestado que, sobre la separación entre docencia e investigación que acusan la asociación de estudiantes “es una interpretación errónea de lo que está escrito en el anteproyecto, ya que en el preámbulo se reitera: Pero en un entorno internacional y competitivo, hoy ya es indudable que la docencia de alta calidad debe acompañarse de una potente capacidad investigadora y Además, la investigación se ha convertido en un sustento indisociable de la docencia de calidad, de manera muy singular de la formación especializada en el posgrado, fase de los estudios en la que se produce la mayor movilidad de estudiantes”.
Sobre la calidad del Espacio Madrileño de Educación Superior vinculada a la separación de docencia e investigación, Torralba ha manifestado que “en ningún caso se habla de la exclusividad de una dedicación, sino “preferente” y siempre que se estime por parte de la universidad que es docencia o investigación competitiva y de alta calidad”. En esta línea ha querido recalcar que “hoy en día nadie entiende la actividad del profesor universitario alejada de la docencia o la investigación y que estas dos actividades son complementarias y que se enriquecen mutuamente”. Para exponer su postura se ha referido al artículo 53 de la Ley, donde se señala que:
“La Comunidad de Madrid actualizará periódicamente la relación de las mejores prácticas académicas para su incorporación en los contratos-programa que se suscriban. En todo caso, la relación de las mejores prácticas académicas comprenderá las siguientes:
a) El refuerzo de la innovación docente; la renovación pedagógica; la docencia vinculada a los resultados de la actividad investigadora; la docencia especializada; y la ampliación de la utilización de la lengua inglesa en los grados y posgrados.
b) La efectiva implantación de sistemas de dedicación preferente y voluntaria a la docencia o a la investigación competitivas y de alta calidad.
Finalmente, sobre la poca participación y presencia del colectivo estudiantil, Torralba ha subrayado que “el anteproyecto de Ley no recoge todos los derechos de los estudiantes que ya están recogidos en la LOU, por lo que no se quiere reiterar en la nueva norma todo lo allí reflejado”. De este modo, desde la Dirección General de Universidades e Investigación se han reunido en dos ocasiones con los representantes de las seis delegaciones de estudiantes de las Universidades y “salvo dos folios preparados por la delegación de la Universidad Politécnica de Madrid que han sido tenidos en cuenta en su práctica totalidad, y pese a las reiteradas peticiones por parte de la DGUI de que se hicieran propuestas por parte de los estudiantes, no ha habido ni una sola sugerencia o petición de enmienda sobre el articulado del anteproyecto de Ley”. En reuniones mantenidas por ellos, según expone el director General de Universidades, se han recogido “muchas de sus peticiones, excepto una: que el Consejo interuniversitario de Estudiantes lo presida un estudiante, aceptando una vicepresidencia”, siendo entonces “totalmente falsa la premisa de la que parte el comunicado de que no ha habido diálogo. A día de hoy no existe ninguna alegación formal de las delegaciones de estudiantes al anteproyecto de ley”.
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