El próximo mes de marzo entra en vigor una nueva Ley de contratos públicos que afecta de lleno a las universidades. Con vistas a mejorar la transparencia y subsanar los errores pasados se medirá de forma casi milimétrica todos los contratos que se establezcan con cualquier empresa ajena a la institución. Entra aquí el debate de cuánto se han podido lucrar muchas corporaciones a costa de las instituciones públicas, pues bien es sabido que cuando el dinero es de todos parece más fácil derrocharlo. Una ley que al cambiar ahora tiene que tener en cuenta a las empresas epecializadas, que ahora pasarán a competir en el mismo saco que todas las demás, pudiendo llegar a sufrir el embite de las que siempre se lo llevan todo.
Ahora, con la nueva ley competirán en igualdad de condiciones administrativas con otras empresas que le doblan en capacidad ¿dónde queda entonces el apoyo a los pequeños emprendedores? La transparencia es fundamental y debe priorizarse siempre, lo que no puede es acabar con las pequeñas iniciativas. Un David contra Goliat que difícilmente podrá superar la maquinaria de la administración pública en la que muchos ya se han asentado y han descubierto las grietas del poder, pues hecha la ley hecha la trampa.
por Miguel Gaona
Director de Aula Magna, el periódico universitario