Estudiantes de la asignatura “Derechos Humanos y Valores Democráticos” del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide y miembros del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de esta institución académica, bajo la coordinación de los profesores Rafael Rodríguez Prieto y Fernando Martínez Cabezudo, han elaborado un borrador de anteproyecto de ley de Sucesión Digital y un manifiesto con el que pretenden impulsar una legislación que permita a los usuarios de Internet contar con un control real de su legado cibernético.
El objetivo es conseguir que los usuarios posean el control de todo su patrimonio digital y que puedan legarlo a sus herederos, para que éstos lo aprovechen o eliminen. La filosofía de la norma es principalmente que sean los poderes públicos los que se encarguen de garantizar el derecho de los ciudadanos a gestionar su legado y no quede al arbitrio de los términos y condiciones de uso establecidos de forma unilateral por las empresas del sector. Según el profesor Rodríguez Prieto, “una legislación ad hoc que cuente con el respaldo de las instituciones democráticas es esencial para gestionar dichos contenidos en Internet”.
Para promover esta norma, los estudiantes y profesores han firmado un manifiesto en el que reclaman al Gobierno central la promulgación de una Ley sobre Sucesión Digital, con la que “España sería uno de los primeros estados del mundo en plantear este problema y darle una solución democrática, y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla el primer centro académico en promoverla y realizar una acción concreta e innovadora en este campo”, según sus impulsores.
En definitiva, el equipo pretende promulgar una Ley sobre Sucesión Digital que contemple las nuevas situaciones que puedan emanar del mundo virtual, íntimamente ligado a la vida. De esta forma, quieren incluir dentro de esta ley el derecho a poder dejar en herencia ese contenido, estableciendo un paralelismo con la regulación de las obras, de acuerdo a la dimensión moral del derecho de autor con elementos como las cuentas en las redes sociales, información personal, seguidores, interacciones, correos, perfiles en páginas webs y el resto del patrimonio digital.
Otro de sus objetivos es hacer de esta iniciativa legislativa, una herramienta útil que permita a los usuarios contar con un control real de su legado cibernético y que establezca una serie de obligaciones y deberes a las empresas de Internet. Por último, pretenden dotar a esta ley de los recursos necesarios vía Presupuestos Generales del Estado, sin dejar fuera de este derecho a ninguna familia por cuestiones económicas, asegurando la gratuidad de este derecho y cerrando la puerta, desde el primer momento, al copago como vía para financiar la gestión de esta ley.
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