Los decanos de las 26 facultades de la Universidad Complutense de Madrid han hecho pública una declaración conjunta en la que denuncian la insuficiencia de recursos económicos y critican la tramitación de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) sin un debate amplio con la comunidad universitaria.
El manifiesto, titulado «Defender la universidad pública es defender el futuro de nuestra sociedad», alerta sobre la situación económica de las universidades públicas madrileñas y pide a la ciudadanía, los representantes políticos y los agentes sociales que respalden la educación superior pública. La Complutense cuenta con una comunidad de más de 80.000 personas entre estudiantes, profesores y personal de administración y servicios.
Los responsables de los centros académicos subrayan que la financiación actual es «estructuralmente insuficiente» para mantener los estándares de calidad en docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Según análisis internos de la universidad, el modelo de financiación no cubre los costes reales de funcionamiento, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema universitario público.
El documento recuerda que el precio que pagan los estudiantes en sus matrículas representa solo una pequeña parte del coste real de la formación universitaria. Las administraciones públicas deben asumir la mayor parte de la financiación para garantizar que cualquier estudiante pueda acceder a la universidad independientemente de su situación económica familiar.
Los decanos defienden que la universidad pública funciona como un «ascensor social esencial» porque ofrece formación de alta calidad accesible para todos, convirtiendo el mérito y el esfuerzo, y no los recursos económicos, en el verdadero criterio de acceso y progreso. Este modelo permite que personas de cualquier origen socioeconómico puedan alcanzar títulos superiores y mejorar sus perspectivas profesionales.
El manifiesto enumera diez claves que explican la excelencia actual de la Complutense. Entre ellas destaca la alta demanda sostenida de sus titulaciones de grado, máster y doctorado, y la importancia de sus grupos de investigación, cuyas publicaciones son referencia en sus respectivos campos. La universidad obtiene numerosos proyectos de investigación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales, en un contexto en el que gran parte de la investigación española se desarrolla en universidades públicas.
Otro aspecto relevante son las publicaciones científicas del profesorado y los reconocimientos derivados de ellas, así como los contratos y convenios que enriquecen la actividad académica e investigadora. La Complutense mantiene varios miles de convenios con entidades que permiten a los estudiantes realizar prácticas curriculares y extracurriculares, explorando todas las posibilidades de empleabilidad que ofrecen sus estudios.
De hecho, según la edición de 2025 del QS World University Rankings, uno de los ránquines universitarios más prestigiosos del mundo, la Universidad Complutense de Madrid es la que ofrece los mejores resultados de empleabilidad en España, ocupando el puesto 41 a nivel mundial. Este dato refleja la conexión efectiva entre la formación universitaria y las oportunidades laborales reales.
La universidad también apuesta por incorporar investigadores en formación mediante convocatorias competitivas y mantiene un firme compromiso con la internacionalización. Ha establecido relaciones académicas con universidades y centros de investigación de los cinco continentes, con proyección estratégica especial hacia Europa, América Latina y Estados Unidos.
Su biblioteca, con más de tres millones de volúmenes, se sitúa entre las más importantes y reconocidas a nivel nacional. Además, la universidad desempeña un papel esencial en la transferencia de conocimiento hacia la sociedad, contribuyendo al progreso colectivo mediante la generación de patentes, asesoría científica a instituciones públicas y entidades privadas, elaboración de propuestas legislativas y participación en avances tecnológicos y de salud.
Los decanos insisten en que este modelo de universidad no es fruto de la casualidad, sino del compromiso sostenido de toda la comunidad universitaria. Sin embargo, advierten de que para mantenerse, ser viable y proyectarse hacia el futuro necesita una financiación adecuada, diálogo efectivo y colaboración leal entre las universidades públicas y las instituciones que las acompañan.
El manifiesto reivindica «lo que es justo»: una dotación adecuada de recursos y apoyo real para actualizar las infraestructuras, así como reconocimiento institucional y respeto a la labor que desempeñan las universidades. Estos elementos se consideran fundamentales para que las instituciones de educación superior continúen ejerciendo su papel como generadoras de conocimiento, garantes de la igualdad social, instrumentos esenciales para la convivencia y agentes activos del progreso de la comunidad autónoma y del país.
Una de las críticas más directas del documento se dirige a la tramitación de la LESUC. Los decanos consideran preocupante que se impulse la aprobación de esta ley sin haber promovido un proceso más amplio de diálogo abierto y profundo con quienes conforman la comunidad universitaria. Argumentan que una legislación de tal importancia alcanza su mayor legitimidad cuando nace del consenso y la participación de universidades, personal docente e investigador, personal técnico y de administración, estudiantes y sociedad en su conjunto.
Según los firmantes, no tomar en consideración esta necesidad de consenso debilita los principios de autonomía institucional y participación democrática. Además, alertan de que favorece un modelo que reduce el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso a la universidad.
El texto defiende que la universidad requiere marcos normativos que la cohesionen, que reconozcan su voz y que refuercen su papel como espacio de pensamiento crítico, innovación y justicia social. Sin este diálogo previo, consideran que la nueva legislación podría alejarse de las necesidades reales de la comunidad universitaria y de los objetivos fundamentales de la educación superior pública.
Los decanos recuerdan que la universidad, como institución pública, devuelve a la sociedad la inversión que en ella se realiza mediante la formación de profesionales altamente cualificados, la generación de conocimiento y su transferencia. Todo ello contribuye al desarrollo social, cultural y económico del entorno. Desde sus centros trabajan para formar a una juventud en la que confían, proporcionándoles conocimientos y competencias que les permitirán ser los profesionales que la sociedad necesita.
El manifiesto concluye con una llamada de atención y una petición de ayuda dirigida a la sociedad madrileña en su conjunto: ciudadanía, representantes políticos y agentes sociales y económicos. El mensaje final es contundente: defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad en su conjunto.
El documento está firmado por los decanos de las 26 facultades de la Complutense: Bellas Artes, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Documentación, Ciencias de la Información, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Físicas, Ciencias Geológicas, Ciencias Matemáticas, Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias Químicas, Comercio y Turismo, Derecho, Educación-Centro de Formación del Profesorado, Enfermería, Fisioterapia y Podología, Estudios Estadísticos, Farmacia, Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Informática, Medicina, Odontología, Óptica y Optometría, Psicología, Trabajo Social y Veterinaria.
Esta declaración conjunta representa una postura unificada de todos los centros académicos de la universidad y pone sobre la mesa dos debates fundamentales: la financiación de la universidad pública madrileña y el proceso de elaboración de la nueva legislación universitaria regional.