Alrededor de unos 300 alumnos esperan beneficiarse de la decisión de la Universidad de Málaga al problema de las asignaturas extintas de la Licenciatura de Derecho, que lleva sin solucionarse desde hace tres años. La propuesta de la Secretaría General es la realización de dos convocatorias extraordinarias: una en junio y otra en septiembre de este curso para finalizar la Licenciatura.
De este modo, el pasado lunes 10 de octubre se debatió el problema en una reunión y como resultado han presentado al Decanato de la Facultad de Derecho la propuesta desde la Secretaría General y, a principios de noviembre, si no hubiera problemas, “se abriría el plazo para matricularse”, según informó Andrés de la Torre, alumno de la licenciatura.
El problema de los últimos licenciados de Derecho se remonta a la aplicación del Plan Bolonia, cuando comienza el grado y la licenciatura empieza a extinguirse. “La problemática viene del proceso de extinción de la misma. En general, las universidades de toda España han eliminado un curso por año progresivamente, a la vez que se iban implantando los grados”, explicó De la Torre, quien añadió que “eso lleva a una situación en la que asignaturas que se arrastran de cursos extintos (primero, segundo, tercer o cuarto) se quedan muertas, aunque aún se esté cursando quinto. Hay que resaltar que Derecho es una titulación a extinguir pero que todavía no es extinta”.
La licenciatura de la Facultad de Derecho pertenece al Plan de Estudios de 1953 y esto supone una difícil correlación con las asignaturas de los grados. “Las asignaturas en Derecho no se adaptaron a créditos de ahí el problema en la estructuración actual”, explicó el decano de la Facultad de Derecho de la UMA, Juan José Hinojosa, quien hizo hincapié en que “una asignatura del antiguo plan podría equipararse a más de dos del actual, por lo que es complicado”.
Así, “llevamos pidiendo una solución durante más de tres años, sin conseguir nada”, subrayó el estudiante de 29 años, al que le quedan tres asignaturas para poder ser Licenciado en Derecho. “Vivíamos una situación de desigualdad dentro incluso de la propia universidad y no sólo nos veíamos obligados a pasarnos a grado, sino de realizar un máster de dos años y superar una prueba estatal de acceso para poder ser abogados, recogida en la Orden PRE/202/2015 de Acceso a la Abogacía”, apostilló el estudiante de la UMA que hizo hincapié en que “existe una sentencia en Alicante donde se ampara la pretensión del universitario, que es la misma que mantenemos los estudiantes de Málaga”.
Según De la Torre, “hay que dar salida a este problema porque sino quedaría la opción del contencioso administrativo, que se pretende evitar”. Por su parte, Juan José Hinojosa insistió en que “queremos zanjar este asunto que no debe estar abierto indefinidamente, hay que poner un límite de tiempo, no podemos tener los expedientes abiertos eternamente”.
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