La Coordinadora Andaluza de Profesorado Sustituto Universitario (CAPSU) ha trasladado al Parlamento de Andalucía su rechazo al Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que se votará este miércoles 12 de noviembre. El colectivo denuncia que la norma profundizará en la precariedad laboral que ya sufren estos docentes.
El profesorado sustituto es aquel que cubre temporalmente las ausencias de profesores titulares por diversas razones, desde el ejercicio de cargos de gestión universitaria hasta bajas por enfermedad o permisos de cuidados. Se trata de un colectivo con presencia significativa en las universidades andaluzas desde hace más de una década.
Un colectivo con peso en las universidades
En la Universidad de Sevilla, el 12,5% de la plantilla del Personal Docente e Investigador corresponde a profesores sustitutos. Esto supone un total de 562 docentes, algunos de ellos con más de diez años de antigüedad en este tipo de contrato, lo que evidencia que no se trata de una figura meramente temporal.
A pesar de desempeñar funciones esenciales para el funcionamiento de las universidades y de requerir alta cualificación, estos profesionales se encuentran en una situación de notable precariedad laboral.
Salarios muy por debajo de los titulares
Los profesores sustitutos cobran el 60% del sueldo base de un profesor titular, lo que se traduce en una remuneración bruta de 1.695,54 euros al mes, aproximadamente 1.300 euros netos. Esta cifra contrasta con la responsabilidad y preparación que exige el puesto.
La situación es aún más extrema para el profesorado sustituto a tiempo parcial. Estos docentes reciben solo el 20% del salario base, es decir, 565,18 euros brutos al mes, por realizar la mitad del encargo docente de un profesor a tiempo completo.
Según denuncia la CAPSU, «parece no tenerse en consideración la labor esencial que ejerce el Profesorado Sustituto para la correcta marcha de la Universidad, así como para la garantía de cumplimiento de los derechos laborales del resto del profesorado».
Las críticas al proyecto de ley
El colectivo afirma que el Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía no solo no mejora su situación, sino que sienta las bases para agravarla. Una de las principales quejas es que la nueva norma reduce la figura del profesorado sustituto exclusivamente al ámbito docente, sin reconocer su labor investigadora.
Esta labor investigadora, además, viene siendo sistemáticamente obstaculizada en la práctica, según denuncian. La nueva ley también incluye mayores restricciones a la aplicación de esta figura contractual, lo que según la CAPSU «redunda en un recorte de los derechos del conjunto de todo el profesorado, con la incorporación de nuevas figuras aún más precarias».
Control de la Junta sobre las contrataciones
Otra de las críticas que plantea la coordinadora es que el proyecto de ley «lesiona el principio de autonomía de las universidades públicas». Esto se debe a que la Junta de Andalucía pasaría a supervisar todas las contrataciones de profesorado sustituto, una competencia que hasta ahora recaía en las propias universidades.
Este cambio, según argumentan, abre la puerta a futuros recortes en la contratación de este tipo de profesorado, condicionando las decisiones de las instituciones académicas a criterios externos.
Exigencia de estabilización inmediata
La CAPSU reclama que se incorpore al texto de la LUPA la Disposición Transitoria Octava de la LOSU, la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario. Esta disposición estatal establece diversos mecanismos para estabilizar mediante contratos indefinidos al profesorado sustituto que cumpla determinados requisitos.
En concreto, podrían beneficiarse quienes hayan estado vinculados a la universidad al menos cinco cursos académicos de los últimos siete años. Se trata de un mecanismo pensado para regularizar la situación de docentes que llevan años encadenando contratos temporales.
Hasta ahora, solo la Universidad Pablo de Olavide ha avanzado en el cumplimiento de esta disposición transitoria en Andalucía. El resto de universidades andaluzas no han puesto en marcha procesos significativos de estabilización de este colectivo.
Un problema estructural
La situación denunciada por la CAPSU refleja un problema más amplio en el sistema universitario español: el uso prolongado de contratos temporales y precarios para cubrir necesidades estructurales de las universidades. Estos profesores, aunque contratados como sustitutos temporales, acaban cubriendo plazas de forma continuada durante años.
La votación de este miércoles en el Parlamento andaluz determinará si se acepta tramitar el proyecto de ley con el texto actual o si se introducen modificaciones que atiendan las demandas de este colectivo, que representa un porcentaje significativo del profesorado universitario andaluz.