Ante el anuncio de mejora de la economía española, todos los rectores de las universidades españolas han leído esta mañana un comunicado exigiendo al Gobierno que terminen ya las «medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo». Lo hacen tras cumplirse dos años desde la aprobación del RDL 14/2012.
Hace dos años, el Gobierno español aprobaba el RDL 14/2012 de “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, y una vez transcurrido este tiempo, los rectores de las universidades españolas exigen que finalicen ya estas medidas excepcionales que «a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente».
El acto de lectura del comunicado oficial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, ha tenido lugar simultáneamente en todos los centros universitarios de España. En general, ha sido leído por los rectores de las universidades por provincia, y en conjunto en aquellas donde hay más de una.
«Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen».
En este, se critican los Reales Decretos que afectan a las becas y que «ha cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan», así como las restricciones en las becas Erasmus y los recortes en investigación alegando que este «entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta con la política de los países más avanzados».
Las medidas «más dolorosas y difícilmente justificables» para los rectores españoles son las que afectan a los jóvenes como el incremento de las tasas universitarias que impide el acceso de muchos estudiantes a la educación superior. Además, añaden que esta circunstancia afecta también a los profesores «que se han llenado de figuras de plazas interinas y precarias«.
Los rectores españoles inciden en que en este RD se dice que las medidas son excepcionales por el momento de coyuntura económica del país, por eso, «ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen».
«Los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades. Debe ser posible que éstas configuren ordenadamente sus plantillas, con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica. Debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que evite la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada».
Por último, el comunicado se ha rematado diciendo: «La Universidad Española, como toda la universidad europea, afronta necesidades de adaptación de su sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de sus estructuras y funcionamiento. Para poder abordarla, es necesaria la búsqueda de un amplio consenso social y político que debe empezar forzosamente por la recuperación de la normalidad en su vida académica, docente e investigadora. La consecución de estos objetivos nos implica a todos -agentes sociales, gobierno, comunidades autónomas y universidades- y es necesario conseguirlo en beneficio de la sociedad española».