Los rectores y gerentes de las universidades públicas andaluzas defienden cambios en los actuales criterios que se tienen en cuenta en el sistema de financiación universitario andaluz, de cara al nuevo modelo de financiación para el que la Junta se sentará a conversar con los rectores tras las vacaciones de verano, toda vez que el actual sistema de financiación 2007-2011, prorrogado hasta este 2014, concluye ahora. El actual modelo vincula un 30% del presupuesto público al cumplimiento de objetivos por parte de las universidades, siendo el 70% restante cantidades más o menos fijas en las que se incluye la denominada financiación operativa, destinada al funcionamiento del día a día de las universidades.
Aunque existen puntos en común entre todas las universidades, también hay diferencias a la hora de determinar qué parámetros deben ser tenidos más cuenta en el nuevo modelo, como se desprende de las valoraciones recabadas por Aula Magna entre los distintos rectores y gerentes de cara al inicio de las conversaciones con la Junta.
Así, el recientemente elegido nuevo rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, apuesta por el establecimiento de indicadores “lógicos y criterios de eficacia” comunes a todas las universidades, que tengan en cuenta aspectos diversos como el tamaño, la calidad de la producción científica, la calidad en la docencia, y el nivel de captación de recursos externos; para que, en definitiva, “tengan más posibilidades de financiación los que mejor lo hagan”.
En este sentido, el rector de la UCO muestra su convencimiento de que la universidad cordobesa puede incrementar su peso y posición en el modelo andaluz de financiación universitaria, donde actualmente es la quinta universidad, de las diez públicas existentes, por porcentaje de participación en esta ‘tarta’ presupuestaria de la Junta, con un peso relativo del 7,9%.
En el modelo actual, el 24,5% y el 22,1% del presupuesto corresponde a las universidades de Sevilla y Granada, respectivamente, seguidas por Málaga, con el 14,8%; Cádiz, 8,5%; Córdoba, con el citado 7,9%; Jaén, 6,5%; Almería, 5,1%; Huelva, 4,6%; la Pablo Olavide de Sevilla, 4,4%; y la Internacional de Andalucía, con el 1,05% del reparto presupuestario a día de hoy.
Ante este marco, la rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle, afirma que el actual modelo le ha ido bien a esta universidad, indicando que la de Málaga es “una universidad de un tamaño grande con una financiación bastante aceptable”, y que el problema real está en las “universidades pequeñas, que se quejan de la financiación que obtienen”.
Contra el ‘café para todos’
Sin embargo, las más grandes también apuestan por un cambio de modelo, dado que incluso desde la universidad que obtiene más financiación, la de Sevilla (US), su rector, Antonio Ramírez, señala que, en todo caso, el nuevo modelo no debe ser “un mero reparto de dinero” -el ‘café para todos’ que critican algunos-, y que antes de establecer los nuevos criterios a tener en cuenta hay que definir previamente otras cuestiones.
Cuestiones como la configuración futura de los precios públicos o tasas que pagan los estudiantes, configuración de las becas, “y cómo debe abordarse la investigación básica y la transferencia, y cómo mantener las plantillas del personal docente e investigador (PDI)”, apunta Antonio Ramírez, quien además plantea que en las conversaciones entre los rectores y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta -competente en materia de universidades- también debería participar la Consejería de Hacienda, teniendo en cuenta la situación económica y la austeridad y estabilidad presupuestaria que debe cumplir la Comunidad Autónoma andaluza.
De igual manera, Andrés Navarro, gerente de la segunda universidad andaluza con mayor peso presupuestario, la de Granada (UGR), afirma que el nuevo modelo debe responder a las necesidades financieras de cada universidad, incorporándose nuevos criterios tales como la dispersión geográfica, “ya que no es lo mismo tener 1 ó 5 campus”; la edad media de la plantilla, “pues no todos tienen los mismos trienios ni quinquenios”; y el número de metros cuadrados de las distintas instalaciones universitarias, “porque, por ejemplo, en función de ello varían los costes de luz, limpieza, etc.”
“En todos estos apartados, la denominada financiación operativa debería garantizar casi el 100% de los gastos de cada universidad, y en la financiación vinculada a resultados debería primarse más lo que actualmente nos demanda la ciudadanía: la transferencia de conocimientos a la sociedad, la investigación aplicada”, señala Andrés Navarro.
Problemas de liquidez y deuda
Paralelamente, y aunque en sentido estricto no sea un tema a definir dentro de los parámetros del nuevo modelo de financiación, el gerente de la UGR pone el acento en los problemas de liquidez y tesorería que actualmente tienen las universidades a raíz, entre otras cuestiones, de la deuda que mantienen con ellas las administraciones públicas, sobre todo la Junta.
“El principal problema de las universidades no es el modelo de financiación en sí, sino los problemas de tesorería, derivados no sólo de los retrasos en los pagos, sino de la ausencia de planificación”, señala Navarro.
En este sentido, y según los datos recabados desde las distintas universidades, el montante de la deuda en la universidad de Granada ascendería, a 31 de diciembre del pasado año, a unos 240 millones de euros, el 70%, unos 168 millones, correspondientes a la Junta; mientras que la Pablo Olavide cerró el pasado año con 5 millones de euros pendientes de la Junta. Por su parte, la deuda que mantiene la Administración autonómica con la universidad de Sevilla llega actualmente a los 130 millones de euros, con Cádiz a los 60 millones, con la UCO a los 30 millones, con Jaén a los 52,4 millones de euros, y con la Internacional, a los 3,1 millones de euros.
Desde la Universidad de Cádiz (UCA), su rector, Eduardo González, coincide con algunos planteamientos del resto de rectores, como el hecho de resaltar que el nuevo modelo no debe ser “un mero reparto de dinero” y solucionar el problema de la deuda; a la par que recuerda que, de momento, los rectores no conocen con exactitud los planteamientos que de cara al nuevo modelo maneja la Junta.
Análisis de la Junta
Al respecto, la Junta dispone ya de un informe sobre las carencias del actual modelo de financiación que ahora termina y los aspectos a modificar de cara al nuevo periodo, según han informado fuentes de la Consejería de Economía. Un informe que servirá de base para arrancar las conversaciones con los rectores, aunque éstos desconocen aún su contenido exacto.
Este motivo lleva al rector de la Pablo Olavide (UPO), Vicente Guzmán, a solicitar a la Junta que entregue a los rectores este documento “en toda su extensión y con antelación suficiente”, a la par que señala que para afrontar el nuevo modelo “una auditoría completa del anterior es fundamental”.
Respecto a este punto, el propio director general de Universidades de la Junta, Manuel Torralbo, indicaba a Aula Magna a finales del pasado mes de junio que desde la Junta se han solicitado a las universidades datos actuales sobre diversos parámetros que se estaban analizando, junto a los datos derivados de los propios planes de ordenación docente, “que nos darán una radiografía de la situación actual de cada Universidad“. Según sus previsiones, en septiembre comenzarán las conversaciones con los rectores, con el objetivo de tener definido el nuevo modelo en noviembre.
En todo caso, el rector de la Universidad de Jaén (UJA), Manuel Parras, tiene claro que el nuevo modelo tienen que incidir en cuatro frentes. En primer lugar, garantizar el montante de crédito de la financiación operativa que cada universidad tiene actualmente. De igual manera, seguir apostando por los contratos-programa vinculados a resultados, “pero con unos criterios más realistas y mejor planificados que ahora, e indicadores flexibles”.
Nuevas demandas de la sociedad
Entre los nuevos parámetros a tener en cuenta en el nuevo modelo de financiación, el rector de la UJA destaca las nuevas cuestiones que demanda la sociedad a las universidades, tales como “el fomento de la movilidad, el emprendimiento, el plurilingüismo y la atención a la diversidad“.
En materia de investigación, Manuel Parras defiende que la Junta actúe como financiador complementario de proyectos y en los planes de investigación propios de cada universidad, en el sentido de que si un centro o universidad consigue un proyecto nacional o europeo, la Junta complemente la financiación de ese proyecto, “pero que no tenga convocatorias propias para proyectos de investigación, porque entonces los investigadores ‘miran’ para Andalucía y no buscan tanto fuera”.
Por último, el rector de la UJA plantea que las inversiones en materia de infraestructuras se desarrollen a través de planes plurianuales con continuidad en el tiempo, según las necesidades de cada universidad. Planes plurianuales que también se defienden desde la UCO.
Por su parte, Vicente Guzmán, rector de la UPO -universidad con estudios de Grado que recibe menor porcentaje de financiación– coincide en que el nuevo modelo debe garantizar la financiación operativa de cada universidad, pero que el criterio a tener en cuenta no debería tan sólo depender del número de alumnos matriculados o profesores, sino de los costes estructurales que tenga cada universidad “y que estén auditados“.
Esta auditoría también debe extenderse, a su juicio, a los indicadores que se establezcan para la financiación competitiva. Nuevos criterios que afirma que “son difíciles de determinar, aunque hay tres horizontes a los que la universidad debería caminar: primar la especialización, la internacionalización y el dominio de lenguas, y las estrategias específicas de investigación y de la formación que se imparte para la sociedad del entorno”.
La singularidad de la Internacional
Por su parte, el gerente de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Rafael Serrano, recuerda que al ser ésta una universidad singular en el sistema -al sólo impartir cursos de postgrado y no tener profesorado propio-, su financiación debe abordarse “de un modo singular, lo que es compatible con que la financiación se contemple desde la óptica del trabajo por objetivos y la participación en programas concretos de calidad e interés”.
Desde esta singularidad, este gerente afirma que desde la UNIA se planteará avanzar en los sistemas de financiación por objetivos y en el establecimiento de iniciativas comunes entre todas las universidades dentro del sistema, como pueden ser la puesta en marcha de centrales de compras o contratos unificados en suministros y servicios.
Por lo que respecta a las otras dos universidades andaluzas, el rector de Huelva (UHU), Francisco Ruiz, ha declinado expresamente a Aula Magna hacer cualquier valoración o comentario respecto al nuevo modelo de financiación; mientras que el rector de Almería (UAL), Pedro Molina, no ha dado respuesta alguna a pesar de los múltiples requerimientos y peticiones realizadas por este periódico en las últimas semanas.
¿Posible prórroga?
Con todo, teniendo en cuenta que las conversaciones Junta – universidades no comenzarán hasta después del verano, y que el establecimiento de un nuevo modelo no es tarea fácil, máxime en la actual coyuntura económica, desde algunas universidades no se descarta que el actual modelo vuelva a prorrogarse una vez más.
No en vano, y como afirma el rector de la UJA, “ya adelanto que vamos tarde”, aunque los rectores se dividen entre aquellos que no ven deseable una prórroga y los que la consideran un mal menor si sirve para establecer un nuevo modelo más riguroso y estable. Una prórroga que según el director general de Universidades de la Junta, Manuel Torralbo, no está sobre la mesa.
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