Los universitarios andaluces de titulaciones no sanitarias podrán hacer por primera vez prácticas académicas externas en los sistemas públicos sanitario y de servicios sociales. Esta iniciativa es posible gracias a la aprobación de un convenio entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y las diez universidades públicas andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía).
El objetivo de este convenio es facilitar la oferta formativa en centros e instituciones de la Junta. Hasta ahora la posibilidad de realizar prácticas sólo estaba vigente en el ámbito de la salud, pero gracias a este acuerdo se extenderá a los estudiantes de otras disciplinas y también a todos los centros e instituciones dependientes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Esta iniciativa beneficiará especialmente a estudiantes de Derecho, Trabajo Social, Arquitectura e ingenierías, entre otras. La oferta global de prácticas abarcará hospitales, centros de salud, centros residenciales y de participación activa para personas mayores, así como otros servicios sociales relacionados con las discapacidades o la atención a colectivos en riesgo de exclusión. Con ello se responde al incremento de formación práctica que exige el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, así como al hecho de que deba desarrollarse en entornos laborales relacionados con las distintas titulaciones de Grado, Master y Doctorado.
El convenio se firmará próximamente para su implantación en el curso 2015-2016 y tendrá una vigencia de ocho años. Este acuerdo regulará las relaciones de cooperación educativa entre las universidades y los centros y servicios, determinará las labores de los tutores de prácticas y de los académicos, y establecerá el proceso que debe seguir cada institución académica para la solicitud, selección, determinación y duración de las prácticas académicas.
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales facilitará anualmente a las universidades la relación de estructuras de gestión y servicios de su ámbito que pueden ser utilizados en la formación del alumnado. Por su parte, los centros académicos aportarán a la administración autonómica toda la información relativa a sus necesidades de plazas, incluyendo carga docente en horas y créditos, extensión en días, número de alumnos de cada una de ellas y proyectos formativos que realizarán en cada unidad, servicio o área solicitada.
Asimismo, entre otras previsiones, el convenio recoge la creación de una comisión de seguimiento, el compromiso de que las prácticas sean accesibles para los estudiantes con discapacidad y la cobertura del alumnado con los seguros.
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