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22 abril, 2024
OpiniónTribuna

LOSU: ¿La Universidad que necesitamos?

Artículo de opinión de María Jesús Moro

Comienza el curso académico 2022-23 con la tramitación urgente de una nueva ley para el sistema universitario. Son muchos los diagnósticos que en los últimos 20 años han recorrido debates académicos y políticos con el objetivo de contar con las mejores universidades.

Las debilidades y fortalezas del sistema están descritas. Las bondades de contar con universidades de calidad que contribuyan activamente a afrontar los retos sociales y económicos del siglo XXI nadie puede negarlas.

Ahora bien, ¿sirve cualquier ley para apoyar e impulsar a nuestras universidades y resolver sus problemas? Seguro que muchos de los lectores habrán contestado que no.

Conocemos que los vaivenes normativos no ayudan, especialmente, si no está claro en la propuesta el modelo universitario al que aspiramos como país y si no escuchamos a la comunidad universitaria.

El proyecto de LOSU que ahora tramitamos deja más escépticos que entusiastas. La prueba del algodón la encontramos en tantos que defienden ahora el texto de muchos artículos de la LOU, a pesar de haber reclamado el cambio por no acomodarse ya a los retos de nuestra Universidad.

La falta de realismo de quienes la han diseñado comienza por su inexistente memoria económica que sólo cifra el impacto presupuestario de la reforma en 52,14 millones de euros. En esta misma publicación, el Rector de Cádiz señalaba, en cambio, que se necesitan 2.500 millones para ponerla en práctica. No sé si esta última es la cifra correcta, pero sí que la de 52,14 millones está muy lejos de los costes de la reforma para las universidades y las Comunidades Autónomas, sin que se haya previsto en el proyecto de PGE para 2023 dotación económica alguna.

Esto mismo puede decirse de los objetivos de la ley, especialmente el de acabar con la “precariedad del profesorado” que, finalmente, no se plasma ni en un modelo claro de carrera académica, ni en las condiciones de trabajo, que se dejan para un desconocido estatuto posterior.

No puede cambiarse una ley orgánica para resolver un problema concreto con una figura mal utilizada (y masivamente sólo por algunas universidades), como es el contrato de profesor asociado – existiendo vías más rápidas para hacerlo-, cuando los grandes problemas comunes de precariedad e inestabilidad son otros en el profesorado. Y, finalmente, ni siquiera afrontar aquel correctamente, deformando por completo la finalidad de una categoría en la que no puede sustentarse la configuración de una plantilla estable y de calidad en nuestras universidades.

Se pasa de puntillas por aspectos largamente demandados: gobernanza, disminución de la burocracia, impulso de la transferencia y de la colaboración público-privada, internacionalización, entre otras. Se recurre, a veces, a enunciados vacíos de contenido con una desregulación impropia de la ley básica del sistema universitario y, en otras ocasiones, a reproducir decretos previos.

No es, pues, la ley que las universidades necesitan. Tampoco la que impulsará la Universidad que queremos quienes creemos en el potencial de nuestro sistema gracias al compromiso de los universitarios.

Por más que nos estamos esforzando en mejorar la ley en el trámite de enmiendas, las prisas gubernamentales no son las mejores consejeras. Un cambio legal debe servir para ofrecer soluciones y resolver problemas, no para crearlos.


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