María Jesús Moro: “La Ley de Universidades pretende no molestar a nadie y, al mismo tiempo, un poco a todos”

Respuesta: Es uno de los varios recorridos que hemos iniciado en los últimos meses para conocer de primera mano que requieren, que necesitan las universidades de diferentes comunidades autónomas: más modernas, más clásicas, de diferente tipología… Eso nos da una visión más concreta de cuándo defendemos lo que consideramos un problema si los universitarios y la sociedad de ese territorio coincide. Más en este momento, en el que la tramitación de la nueva ley orgánica del sistema universitario es exprés y puede pasar desapercibida para la comunidad universitaria ya que se inició con su registro en el momento que estaban terminando los exámenes de curso y ahora va a terminar su trámite en el congreso justo cuando los alumnos se acaban de matricular para el nuevo curso.

P: ¿En qué punto está este trámite?

R: Terminó el plazo de enmienda a la totalidad, donde hubo tres: la de nuestro grupo, otra de VOX y una de Junts per Catalunya. Todas ellas se desestimaron. Ahora mismo tenemos enmiendas al articulado que hemos pactado. La ponencia se desarrollará la semana siguiente en tres sesiones. De esta forma, a final de octubre se celebrará la comisión para aprobarse, antes de que se inicie el trámite de presupuestos. Siguiendo estas previsiones, del Congreso saldría para el Senado en torno a la primera quincena de noviembre.

P: Los rectores están haciendo referencia a esta ley una y otra vez y todos ellos coinciden en no estar muy de acuerdo. ¿Cuáles son los puntos más destacados de vuestro argumentario respecto a ella?

R: Somos conscientes de la necesidad de una nueva regulación del sistema universitario. El caso es que no esperábamos esta ley, al igual que, creo, la mayoría de rectores. Esta ley del ministro Subirats parece que no ha querido molestar mucho a nadie y, al mismo tiempo, un poquito a todos. La realidad es que, en el fondo, quiere contentar a dos comunidades autónomas: País Vasco y Cataluña. Como consecuencia de ello, lleva a que sea una ley de estructura muy parecida a la vigente, en la que se ha descargado de contenidos o desarrollo allí donde molesta a estas dos comunidades. En otros lugares es un poco reglamentista, pero en temas poco importantes. Enuncia temas que parecen importantes, pero luego no entra en materia. Los rectores vienen denunciando que la universidad necesita una gobernanza ágil y flexible, que las permita adaptarse a sus propias necesidades para competir en el entorno que las rodea. Captar fondos, entrar en proyectos de investigación, etc. No se puede ir con una pesadísima estructura de gobernanza que es la que tenemos, que ha servido durante unos años para consolidar nuestro sistema, pero ya se ha quedado obsoleta. Por tanto, se trata del mismo modelo de gobierno con un pequeño guiño: que los rectores puedan no ser catedráticos, siempre que sean funcionarios.

P: ¿Qué nos puede avanzar sobre el tiempo de gobierno?

R: Los rectores, en general, están de acuerdo. La idea es que sea un único mandato de seis años. No nos molesta esta decisión, porque esto permite que el rector tenga un período de tiempo para desarrollar su proyecto sin estar sometido a los vaivenes de contentar para tener un segundo mandato. Personalmente, no creo que sea bueno para otros órganos unipersonales de gobierno, como pueden ser directores de departamento o decanos. En muchas universidades está habiendo problemas para que accedan personas solventes en parcelas investigadoras o decanatos. Por tanto, si tú les obligas a un mandato de seis años, ¿quién va a ir a por él? Lo ideal es que sean las propias instituciones académicas las que puedan explorar otras formas de gobernanza.

P: ¿Y respecto a la internacionalización?

R: El Gobierno debería articular una estrategia firme y adecuada para que las universidades tengan los instrumentos necesarios para que las administraciones públicas apoyen a competir en el ámbito internacional a las universidades, para que se flexibilice la burocracia de acceso de los estudiantes extranjeros a la universidad española.

P: ”Financiación” es otra palabra que también se ha oído mucho a los rectores durante las aperturas de curso.

R: Desde el Gobierno se conforman con decir que es un avance que el artículo 55 exija el mínimo del 1% estatal. No han escuchado a las CC.AA. El gobierno se niega a entrar en un nuevo modelo de financiación autonómica. Seguimos con los mismos niveles de transferencia. Ahora mismo, con la crisis energética existente y tras la pandemia, hay universidades que directamente tiene problemas para pagar la luz. Acabamos de aprobar la ley de la ciencia, que afecta a las universidades y se las ha tenido muy poco en cuenta, con un nulo peso por parte del ministerio de Subirats. Genera unos costes enormes en la contratación, definida por alguien que no sabe nada de ciencia. La propia redacción de esta ley fue denunciada por el propio presidente de la CRUE, Juan Romo. Esto puede determinar que algunas regiones que ya financian más puedan decir luego, pues financiamos menos, porque la regulación es estatal. Otras, por el contrario, pueden no llegar, por tener un déficit de transferencias. La financiación es necesaria, pero esto no significa necesariamente más dinero, sino con qué objetivo se va a financiar a las universidades. Hace falta plurianualidad y estrategia.

P: El tema de las prácticas, ¿cómo quedará?

R: La vicepresidenta del gobierno y ministra de empleo comenzó a negociar un estatuto del becario que en realidad es del personal de prácticas, sea de Formación Profesional o de universidades. Lo hizo de espaldas al Ministerio de Universidades. Lo consideramos algo grave, pues lo estaba haciendo alguien que desconoce lo que son las prácticas curriculares y lo que suponen en la formación de los estudiantes, así como las extracurriculares. Lo que parece que pretenden es que un estudiante en prácticas tenga una remuneración, una seguridad social y un contrato. Claro, ¿a quién le amarga un dulce? Pues bien, el problema es que muchas prácticas son en administraciones públicas. Esto haría imposible que pudieran llevar a cabo estas prácticas: profesores, médicos, enfermeros, etc. Las empresas, por su parte, se preguntan: ¿quién va a pagar los costes de la Seguridad Social? Además, es personal en formación. Lo que han convertido es al empresario o al titular de una administración publica en sospechoso de abuso del estudiante, y esto es intolerable. Hay que atacar al que abusa, pero no convertir en presunto delincuente a cualquier empresario. El riesgo que corremos con esto es convertir de nuevo nuestros grados y másteres en pura teoría, porque nadie va a poder hacer prácticas. La ministra de empleo no puede seguir regulando algo que no pertenece a sus competencias.

P: El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Antonio Abril, planteó la posibilidad de convertir las universidades que así lo quisieran en fundaciones, un modelo que es común en Portugal. ¿Qué nos puede comentar al respecto?

R: Esta reforma se llevó a cabo en 2007 en Portugal a partir de unos informes en los que colaboraron muchos expertos españoles. Básicamente, plantea un modelo de gobernanza integral, donde la universidad puedan elegir un sistema fundacional, a través de un patronato, en el que haya una intervención directa de la sociedad civil. Que ese patronato, a través de concurso público, pueda elegir al mejor de los posibles rectores. Que este rector tenga unos órganos de gobierno mucho más limitados. Sobre el papel no está mal, pero hay que tener en cuenta la gran diferencia de universidades que hay entre un país y otro, así como la necesidad que tenían los lusos en aquel momento por desarrollar su sistema universitario, el cual estaba todavía algo obsoleto, dentro de un país en progreso. No obstante, es algo interesante para tenerlo en cuenta como alternativa para algunas universidades de nueva creación, más pequeñas u otras que, directamente, quieran hacer un proceso de transformación en su modelo de gobernanza. Más allá de ello, debemos ser conscientes de que las universidades públicas son administraciones públicas, por lo que están sometidas a un régimen jurídico concreto.

P: Esta ley, de la que tanto hemos hablado, ¿resuelve los problemas de precariedad del profesorado?

R: Yo lo pregunté el otro día y nadie me contestó. Primero de todo, ¿qué entienden por precariedad? Pues, según ellos, esto es resolver el problema de los falsos asociados, un problema que viene de la utilización irregular por parte de algunas universidades de este modelo. La solución que proponen para ello es decidir que el profesor asociado sea un contratado indefinido. A la gente hay que explicarle que un profesor asociado es un profesional externo que aporta a la universidad el aspecto práctico y que debería ser uno de los mejores en la materia. Evidentemente, no se les puede pagar el sueldo porque son muy buenos ingenieros en telecomunicaciones, magistrados o abogados. Lo que se debe hacer con ello es dar una cobertura en un momento dado para un aspecto concreto. Hacerlos indefinidos no resuelve, por tanto, la precariedad. Mire usted, este juez o este ingeniero tiene su sueldo y sus derechos en su trabajo. Con esto, solo se añade costes adicionales a las universidades sin meterse de lleno en la problemática. Básicamente, se está generalizando a los falsos asociados mientras se dice que el fin es hacer desaparecer a los falsos asociados. Nosotros no estamos en esa línea.

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