Menos discursos y más realidades


Si algo ha quedado claro en el arranque de este curso es que las universidades andaluzas comienzan este año académico como vienen haciéndolo en los últimos cursos: con graves problemas económicos y ‘tensiones de tesorería’ -eufemismo para no decir que las universidades no llegan a final de mes-, con un quiero y no puedo en la apuesta por la investigación y sin un modelo de financiación claro y estable para los próximos años.
Cuestiones que continúan siendo las grandes asignaturas pendientes de la Junta de Andalucía para con las universidades, y que han centrado buena parte de los discursos de los rectores y del nuevo consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en los distintos actos oficiales de inauguración del curso. Actos en los que, al menos, el nuevo consejero no ha rehuído esta problemática en sus palabras y ha demostrado que sabe de lo que se habla, pues no en vano fue rector de la Universidad de Sevilla antes que consejero susanista.

Por su parte, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se atrevía a señalar unos presupuestos más que llamativos en la apertura oficial del curso en Murcia, datos que chocaban de frente con los ofrecidos por la Junta de Andalucía. Pues si el consejero andaluz de Economía y Conocimiento subrayaba los recortes que afectaban a las becas Erasmus, el ministro contratacaba con una mayor partida económica. Las luchas políticas llegan a las facultades, aunque por ahora solo de oídas, a espera de que los números engrosen las arcas universitarias .

Por otro lado, tampoco sería justo no resaltar en el inicio de este curso el esfuerzo de la Junta por seguir manteniendo el precio de las tasas congelado por segundo año consecutivo, apenas 42 céntimos más por crédito que en el curso 2011-2012 -cuando comenzaron los recortes-; así como por facilitar el pago de la matrícula a los estudiantes en ocho plazos, no disminuir la parte autonómica de las becas Erasmus y estar receptivo a la demanda de las universidades de nuevas plazas de profesorado que permitan ir estabilizando las plantillas y garantizando el relevo generacional.

Sin embargo, la deuda que arrastra la Junta con las universidades públicas, de unos 580 millones de euros; el retraso en la aprobación del nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), superado ya el anterior de 2007-2013; y la indefinición en torno al nuevo modelo de financiación, que viene prorrogándose año tras año desde 2011 con la promesa de uno nuevo; siguen causando graves perjuicios a las universidades, que de esta manera apenas pueden planificar realmente a más de un año vista.

Universidades y poderes gubernamentales se enfrentan así a la pugna del “y yo más”, donde desde Madrid o Sevilla se señalan como los defensores más acérrimos de las instituciones públicas.

En cuanto a la deuda, fue precisamente en el arranque del pasado curso cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se reunía con los rectores para prometerles que la misma se saldaría en poco más de dos años. Sin embargo, un año después, apenas se ha reducido. Y respecto al nuevo PAIDI y al nuevo modelo de financiación, que deberían haberse aprobado en la pasada legislatura, da la sensación de que la Junta ralentiza el asunto en espera de mejores tiempos económicos… o que tampoco tiene claro el modelo a seguir.

En definitiva, un curso a cuyo término sería deseable que la Junta y el Gobierno ‘aprobaran’ estas asignaturas o al menos se pusieran de acuerdo en los gastos.


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