El Ministerio de Educación no prorrogará la entrada en vigor de la nueva selectividad


El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no prorrogará la prueba de selectividad tal y como han solicitado los rectores de las universidades pertenecientes a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE Universidades Españolas). La institución universitaria ha solicitado al Ministerio que la convocatoria de 2016/2017, cuyos estudiantes estarían actualmente en primero de Bachillerato, tengan una prueba similar a la actual PAU y no la que se prevé en la LOMCE.

La negativa del Gobierno viene tras afirmar que “hay tiempo suficiente” para preparar la prueba, que además tendría la misma estructura de la actual Selectividad, a la vez que prevé publicar “en los próximos días” la orden que regule la prueba. Tal y como se expone en la ley, la actual LOMCE permite que sean las universidades las que dispongan de sus propios exámenes de acceso, dando la posibilidad a que existiera un tipo de prueba por cada institución y no una misma por Comunidad Autónoma, tal y como se viene realizando en los últimos años.

Los rectores asociados señalaron la necesidad de una moratoria en la entrada de este nuevo sistema, pues existe una falta de desarrollo normativo que refuerza la incertidumbre sobre el modelo de prueba de acceso. De esta forma, los estudiantes que cursan primero de Bachillerato no saben ante qué tipo de examen se enfrentarán para acceder a la universidad, así como si las asignaturas optativas que han elegido les serán útiles para optar al grado que deseen cursar. La CRUE Universidades Españolas reiteró en su comunicado que el Ministerio debería realizar una prueba similar a la PAU de anteriores años, realizando las modificaciones pertinentes y garantizando la seguridad jurídica de los estudiantes, la cual el nuevo modelo no ha regulado todavía.

Desde la Junta de Andalucía, los rectores de las universidades públicas de la Comunidad consensuaron la realización de una prueba única para acceder a todas las instituciones, con el objeto de que los estudiantes andaluces no se vieran afectados por la falta del desarrollo normativo que subraya la CRUE Universidades Españolas. La situación legislativa daría la posibilidad de que un alumno que no superase la prueba de acceso al grado en su comunidad tuviera que hacer tantas pruebas como universidades a las que quisiera optar, hecho que desde los colectivos implicados denuncian afectaría a los estudiantes con menos recursos económicos.

Posicionamiento contrario al 3+2

La CRUE Universidades Españolas también se ha manifestado en contra de la adaptación de los grados a tres años, como se plantea desde el Gobierno. Con 64 votos a favor y dos en contra, más cinco abstenciones, la Conferencia de Rectores se ha posicionado contraria a esta nueva duración de las titulaciones. En esta línea ha solicitado que sea el Gobierno quien delimite a duración de las carreras universitarias, así como se unifiquen los precios. Tal y como ha afirmado segundo Píriz, presiente de la CRUE Universidades Españolas “sería recomendable negociar con el Ministerio” para que fuera éste quien ofreciera una lista con los grados que deben durar tres y los que deben durar cuatro. Entra las Universidades que han votado en contra de reducir los años de estudio se encuentra la Universidad Internacional de la Rioja y la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, quienes ya han presentado sus nuevos títulos de tres años.

Por su parte, el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano respaldó la decisión de la CRUE y solicitó que el Gobierno evaluase el nuevo sistema antes de realizar cambios. Arellano subrayó que “no tiene sentido tras un periodo de implantación en el que se está evaluando la viabilidad y funcionamiento e los títulos, hacer nuevos cambios estructurales”, refiriéndose así a la evaluación y acreditación de los títulos procedentes del conocido como “Plan Bolonia”, los cuales están analizándose actualmente para su renovación.

Tanto los títulos de grado como los de máster se deben someter cada cinco años a un proceso de evaluación obligatoria, con el objetivo de garantizar a calidad de las enseñanzas impartidas. En Andalucía, actualmente la Agencia Andaluza del Conocimiento, a través de la Dirección General de Evaluación y Acreditación, está estudiando los títulos que se imparten en las universidades. El cambio de duración y contenido de los estudios significaría que estos se modificaran sin haber dado tiempo de mostrar su eficacia. Todo ello se suma a la preocupación de los colectivos afectados por la devaluación de los títulos universitarios, pues existirían estudiantes que, de una misma titulación, hayan obtenido el grado en mayor o menor tiempo.


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